Urge un pacto fiscal

Las deliberaciones del Pacto Fiscal al interior del Consejo Nacional de Autonomías y de las sesiones de las comisiones técnicas, al día de hoy se encuentran en incertidumbre y a la deriva, fundamentalmente dentro de la concepción generalizada de lo que significa un Pacto Fiscal, donde se debería dar luces a la redistribución justa y equitativa de los recursos entre el gobierno central y los gobiernos autónomos, sin embargo, la postura oficial del gobierno es la de no declarar nada al respecto, empero ¿la postura oficial de redistribución de recursos, al presente al menos, no existe?

Para la redistribución de recursos las gobernaciones han vertido una serie de criterios desde la distribución igualitaria (50/50), aumento de la coparticipación y regalías, hasta la distribución "equitativa" y la generación de nuevas fuentes de riqueza para evitar conflictos por hipotéticas rebajas de ingresos ya existentes.

Para aclarar este punto valga redundar que el Pacto Fiscal es precisamente la implantación, plena, de las autonomías, avanzando desde la letra plasmada en papel de la ley, hasta un auténtico estado autonómico tal cual como lo describe la Constitución.

Llama poderosamente la atención que el criterio más pesimista del Pacto Fiscal provenga precisamente de varias autoridades oficialistas que apoyan ciegamente al centralismo gubernamental y que en su momento fueron artífices la nueva Constitución Política del Estado que contempla el pacto fiscal.

De este tipo de personajes, en sus declaraciones, y de la negativa gubernamental de poseer al menos una postura en cuanto a la redistribución de regalías, podemos colegir que presumiblemente no es una prioridad del gobierno llegar a un Pacto Fiscal justo para con las regiones.

Recapitulemos la increíble demora en ejecutar un Pacto Fiscal, en abierto incumplimiento a la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional, las trabas en el proceso de negociación siguiendo criterios políticos más que los puramente técnicos, las contínuas declaraciones desafortunadas siendo la última la de descartar la redistribución tributaria, múltiples ejemplos que no pueden menos que preocuparnos tanto como actores de política departamental y como ciudadanos que no anhelan otra cosa sino el desarrollo de nuestras regiones.

Habiendo demostrado ya en estos trece años, el pésimo administrador que es el gobierno central, se debe y se tiene que llegar a un verdadero Pacto Fiscal, consensuado y justo para con las regiones y sus habitantes.

Tendrán que ser las instancias representativas las que deberán a partir de la siguiente legislatura hacer prevalecer los intereses de nuestras regiones en el debate del pacto fiscal, ya existe la postura oficial desde el sector opositor a este régimen (demócratas) para debatir en torno a la deuda histórica en el caso de Oruro, sostén de la economía nacional en el pasado y artífices financieros del despegue de las regiones hoy con mayor productividad, iniciativa que debe contar con todo el respaldo de las instituciones orureñas y que ya posee un proyecto de ley al respecto.

La postura de Oruro es clara para con la justa redistribución considerando además la deuda histórica en el sentido del aporte de la tierra orureña y sus habitantes a la vida económica de la patria boliviana, habiéndose sacrificado tanto los recursos minerales, como el medio ambiente y la vida de sus habitantes en beneficio del país entero.

Esperando las negociaciones y la postura oficial del gobierno, seguimos atentos y a la orden de cualesquier eventualidad.

(*) Es asambleísta orureño