Tortura de internos, favores a cambio de sexo o de hacer desaparecer informes de mal comportamiento de algunos privados de libertad con un costo económico, amenazas, venta de celulares secuestrados e incluso internación de droga y alcohol a cambio de dinero, son algunas de las denuncias que se conocieron de lo que presuntamente ocurriría al interior del penal de San Pedro de la ciudad de Oruro.
Las denuncias datan desde fines de la gestión 2018, de personas que se vieron afectadas por el responsable de gobernar este centro penitenciario, quien sería un oficial de Policía; algunas fueron presentadas ante el Ministerio Público.
Algunos de estos hechos irregulares son también de conocimiento del Viceministerio de Régimen Interior y Policía que por su cuenta encaró una investigación al respecto.
TORTURAS
El fiscal Departamental de Oruro, Orlando Zapata, manifestó ayer que se recibió una nota de Régimen Penitenciario de Oruro, en la que se adjunta certificados médicos de un hecho que afectó a uno de los internos.
En ese entendido la entidad del Estado, el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) mediante la responsable Rossmery Peralta Luna, hace conocer una denuncia con un informe, además de adjuntar denuncias, entrevistas y certificados médicos de internos presumiblemente torturados en el penal de San Pedro.
En ese entendido la entidad del Estado, el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) mediante la responsable Rossmery Peralta Luna, hace conocer una denuncia con un informe, además de adjuntar denuncias, entrevistas y certificados médicos de internos presumiblemente torturados en el penal de San Pedro.
"Hay seis certificados médicos de personas que habrían sido golpeadas en el interior del penal de San Pedro. El Ministerio Público al conocer estos hechos expone que se atienda por plataforma con el fiscal analista para que se abra el caso. Estamos en la etapa de investigación a efectos de determinar qué es lo que ha pasado, por ello se pidió un informe detallado para hacer el seguimiento de estas denuncias", dijo.
SEPRET
En el informe del Sepret se señaló que el 25 de febrero de este año, luego que los privados de libertad del sector calabozo y régimen cerrado tomaron contacto con los responsables de esa entidad, habrían sufrido represalias, como agresiones físicas, la noche del mismo día.
Por tal motivo, es que se pidió a Régimen Penitenciario que haga la denuncia ante el Ministerio Público para la investigación no solo de la violencia en el interior del penal, sino también de hechos de corrupción.
Al margen de esas denuncias, en enero de este año, un domingo por la noche un grupo de personas habría ingresado al penal, para golpear a un interno presumiblemente detenido por violación. Tras la golpiza salieron del lugar como si nada hubiese pasado. Esta situación, de acuerdo a la denuncia, era de conocimiento del gobernador del penal.
MÁS DENUNCIAS
Por otro lado, a fines del año pasado uno de los internos fue pillado con un celular, aquella situación significó realizar un informe de mal comportamiento que hubiese afectado en su situación cuando iba a pedir cesación a la detención preventiva.
Es así que la pareja del interno, presuntamente se aproximó ante el gobernador del penal para pedirle el favor que dicho informe sea anulado, sin embargo, ante esa petición el funcionario policial pidió a cambio, sexo.
"Entonces, el capitán lo borró el informe, pero a cambio de eso me pidió tener relaciones con él (?) me hacía propuestas para salir y que vayamos a beber. El 17 de noviembre me dijo que yo le salía debiendo un favor que él me había hecho. Me hizo una llamada por WhatsApp para que vaya a su casa", afirmó la denunciante.
La insistencia de la autoridad policial era constante, "él me dijo que tuviéramos relaciones sexuales, tampoco lo dijo de manera adecuada, sino dijo quiero ?.. contigo".
Los mensajes de WhatsApp que escribía la autoridad policial a su víctima, eran borrados después de unos minutos para no dejar constancia de lo escrito.
Por otro lado, señaló que durante las requisas se secuestraban celulares y de aquellos equipos que no había informes, se los adueñaba.
"Los (celulares) que no tienen informe los comercializa e incluso los vende a los mismos internos una vez que salen", indicó al argumentar que por no pasar un informe sobre mal comportamiento, presumiblemente cobra la suma de 500 bolivianos.
Asimismo, se conoció que para meter celulares o cosas ilegales existiría un costo que es fijado por este capitán.
"El capitán les ayuda ahí adentro para vender las drogas. Les autoriza y para eso tienen que pagar, a algunos les cobra 200, 300 y así sucesivamente", señaló la denunciante, entre otras irregularidades.
Algunas de estas denuncias es de conocimiento del Viceministerio de Régimen Interior y Policía, que en su momento afirmó el titular de esta cartera, José Luis Quiroga, se haría la investigación pertinente.
VEHÍCULO
Por otro lado, se tuvo acceso a información del vehículo de esta autoridad policial, que presumiblemente presentaría irregularidades. Por ejemplo, el 12 de enero de este año, el motorizado se reabasteció de gasolina en la ciudad de Potosí a las 11:09 horas, pero extrañamente en el sistema se registra que a las 12:22 horas del mismo día, es decir, una hora y 13 minutos después se volvió a reabastecer de gasolina pero en la ciudad de Oruro.
Fuente: LA PATRIA
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