Lunes 04 de marzo de 2019
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Semanas atrás escribí una columna, titulada "Gracias a Dios, existe el afán de lucro", donde describía el paradigmático caso del ARA San Juan, submarino argentino que se perdió el 15 de noviembre de 2017. Dos días después, la Armada argentina inició el protocolo búsqueda y rescate y al tercer día el gobierno aceptó la ayuda internacional de 18 países sumando más de 37 naves y aeronaves y 4.000 personas en la búsqueda.
Tiempo más tarde el gobierno dio por terminada la pesquisa, pero los familiares de la tripulación exigieron que se continuara. Finalmente, las autoridades decidieron la contratación de la empresa privada Ocean Infinity, operadora de la nave noruega Seabed Constructor. El contrato estableció que, sólo en caso de ser hallado el submarino, la empresa cobraría 7,5 millones de dólares, y a dos meses de iniciada la búsqueda encontró al ARA San Juan. Lo que 18 estados no lograron, lo consiguió una empresa privada en menos tiempo.
Un hecho similar ocurrió días atrás. El lunes 21 de enero, se perdió en el Canal de la Mancha, una avioneta que transportaba al jugador de fútbol Emiliano Sala. Tres días más tarde la policía estatal de Guernesey, Inglaterra, decidió terminar con la búsqueda sin haber encontrado el avión.
