Las áreas protegidas y su conservación

En la práctica del neopopulismo en Bolivia, dirigido por Evo Morales Ayma, a pesar de su discurso reivindicador falso de la Madre Tierra, se ha puesto en peligro a algunas de las áreas protegidas más ricas del país y del mundo. El investigador ambiental Leonardo Tamburini afirma que el Estado ha puesto en marcha una arquitectura jurídica, entre 2012 y 2015, para intervenir en territorios indígenas y áreas protegidas con el fin de realizar actividades extractivas depredadoras y ampliar la frontera agrícola, destruyendo a la naturaleza y favoreciendo a grupos hambrientos por esencia y no por necesidad de subsistir. Si matas a otras especies, especialmente a las que se encuentran en peligro de extinción, por lucro, eres un criminal y deberías ser castigado de manera muy dura.

Los decretos supremos 2298 y 2366, ambos publicados el año 2015 reducen la consulta previa a un simple trámite administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas. En la misma línea está la Ley 969, que permitirá la construcción de infraestructura en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y que da luz verde para la construcción de hidroeléctricas que afectan por lo menos a seis áreas protegidas bolivianas y, quizás, a más. El autor de este artículo no está en desacuerdo con las instalaciones de energía, siempre que su implementación sea de manera racional. Al final los pueblos indígenas pueden ser trasladados, o recurrir a la energía nuclear contra la que existen muchos prejuicios. El mayor perjuicio es condenar de hambre a la gente y permitir que deprede todo por subsistencia.

Otro de los peligros mayores del neopopulismo, diferente al de Perón y a otros personajes que procuraban desarrollar la industria y protegían el empleo, es la política extractiva boliviana que ha expandido la frontera petrolera a otros territorios. "Las operaciones ya no están sólo focalizadas en el Chaco, sino que han ingresado a la zona andina y amazónica del país", dice la investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Silvia Molina.

El Gobierno del MAS pretende ladinamente cada vez más profundizar la explotación de las riquezas naturales del país, porque requiere contar con mayores ingresos económicos para mantener el gasto público y a sus acólitos prebendalistas. Así, el papel de las autoridades de medio ambiente ha sido marcadamente contradictorio e impulsor de actividades depredadoras pues, primero, avalan las acciones del Gobierno y, segundo, hacen ver en espacios internacionales, la gestión del Estado masista como un instrumento que respeta el medioambiente, cuando en la práctica no lo hace. El desarrollo de actividades extractivas en áreas protegidas también pone en serio peligro la conservación de la biodiversidad.

Por eso la aprobación de la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en Tarija, ha sido mal recibida por un sector de la población boliviana. Los comunarios han rechazado el ingreso de las empresas YPFB Chaco y Petrobras a San Telmo Norte y al Área Astillero, y denuncian que incluso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) habría cambiado la zonificación del área protegida para facilitar la obtención de las licencias ambientales que dan luz verde al inicio de la exploración. Pero otra fracción de comunarios, a los que la naturaleza solamente les importa para medrar de ella, apoya un proyecto reaccionario y recientemente firmó un convenio con el Gobierno. "Este convenio con el Distrito 11, tiene el objetivo de velar por las fuentes laborales locales, permitiendo el desarrollo y la protección de nuestra naturaleza", afirmó el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe. Algo absolutamente deplorable y mentiroso.

La deforestación, el tráfico de fauna silvestre, la explotación ilegal de oro en ríos de la Amazonia por empresas chinas y el inicio de proyectos en áreas protegidas y territorios indígenas marcaron el 2018. Por el lado positivo, se sentó precedente con la primera sentencia contra traficantes de jaguares, los indígenas chimanes recuperaron parte de su territorio ancestral, una inmoralidad atávica porque el territorio de Bolivia es propiedad de todos sus ciudadanos urbanos y rurales.

Este es uno de varios proyectos de extracción de los recursos naturales insertos en la política económica nefasta del Gobierno de Evo Morales, el cual, en los últimos años, les ha abierto las puertas a las actividades hidrocarburíferas, mineras y agrícolas dentro de las áreas protegidas y de los territorios indígenas. Es un cinismo que supera los límites de tolerancia racional y que llevará a juicios posteriores a las autoridades cómplices de la depredación bárbara y sin límite a la que contribuyen los interculturales, los modernos y verdaderos colonizadores.