Se trata de cifras divulgadas por ejecutivos de la Aduana Nacional de Bolivia, durante la "rendición de cuentas" que correspondió a la pasada gestión y que consigna la cantidad de 788 toneladas de bienes incautados que la institución entregó al Ministerio de la Presidencia para que a su vez esa cartera de Estado los distribuya con fines sociales entre personas necesitadas.
El escueto informe de la presidenta de la aduana, señalaba que además de las toneladas incautadas y ya distribuidas, la entidad mediante subasta electrónica adjudicó 2.970 toneladas de diversas mercaderías que fueron decomisadas en los variados operativos de lucha contra el contrabando. Lo que no se aclaró, seguramente por "razones especiales", es la cantidad, valor y especificación de lo que se transfirió al ministerio de la Presidencia para que cumpla una labor con fines solidarios.
Una cifra preliminar de toneladas de mercadería incautada, consigna por una parte las 788 toneladas entregadas a una cartera de Estado y por otra menciona 2.970 toneladas de mercadería "recuperada" y adjudicada mediante remate electrónico, lo que totaliza 3.978 toneladas de mercadería decomisada.
Una cifra preliminar de toneladas de mercadería incautada, consigna por una parte las 788 toneladas entregadas a una cartera de Estado y por otra menciona 2.970 toneladas de mercadería "recuperada" y adjudicada mediante remate electrónico, lo que totaliza 3.978 toneladas de mercadería decomisada.
El otro dato tiene que ver con la recaudación ordinaria hasta el mes de diciembre 2018 que en valores y efectivo suma 14.792 millones de bolivianos con un incremento de 5,3% con relación a la gestión pasada, lo que significa 746 millones de bolivianos adicionales. La ANB en su programa de previsión en recaudación para la gestión 2019, consigna un mínimo (obligado) de 15.217 millones de bolivianos. Se entiende que la aduana trabaja en función a posibilidades del movimiento de mercadería en tránsito por los retenes a su cargo, pero además en el cumplimiento de operaciones de incautación directa.
En otra parte que tiene que ver con la defensa de la producción nacional frente al enorme contrabando que inunda mercados del país, el ejecutivo del sector empresarial del país duda de la eficiencia aduanera en la lucha contra el contrabando, al señalar que "solo en el contrabando hormiga Bolivia pierde anualmente entre 530 a 800 millones de dólares". Los empresarios creen que se están aplicando acciones dispersas y sin coordinación, por lo mismo de poca efectividad en la estrategia de combatir el contrabando. Al comentarse sobre la vigencia de la Ley 140 de fortalecimiento de lucha contra el contrabando, los empresarios consideran que "una ley no tiene efecto por sí misma, sino está acompañada de una política integral que incluya una institucionalidad sólida y efectiva con presupuesto, recursos, planificación y organización", lo que justamente no ocurre en las actividades aduaneras.
Por lo que se observa, aunque con una serie de limitaciones en la divulgación de ciertos detalles inherentes a las operaciones de lucha abierta al contrabando se ha incluido a las Fuerzas Armadas para que con personal destinado a cuarteles rurales sean parte más adelante de ocupar los retenes fronterizos, justamente distribuidos en ciertos sitios en que los contrabandistas operan con audacia, al punto que incluso han contratado personal especial que trabaja en el reacondicionamiento de tramos carreteros que fueron inutilizados por los efectivos de la Unidad de Control Aduanero (UCA), bajo instrucciones de autoridades militares y de la propia aduana.
Mientras autoridades aduaneras aseguran que mejorarán las recaudaciones por el movimiento de mercaderías vía contrabando y algo bajo control en retenes carreteros, los empresarios consideran que "hay necesidad de que las autoridades nacionales consignen la lucha al contrabando, como una prioridad en la agenda política nacional".
Fuente: LA PATRIA
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