Hoy todavía los bolivianos gozan del sistema democrático; algunos abusan de él ejerciendo libertinajes que dañan a los demás. Paralelamente aparecen preocupaciones por determinadas actitudes, nuevas normas y visiones que no respetan las reglas que se dieron hace casi tres décadas, cuando el país volcó la etapa de los gobiernos de facto.
Las nuevas generaciones pueden creer que los cambios que se dan en el Estado y en la sociedad, sobre todo con la inclusión de los pueblos originarios, son fruto de una dinámica espontánea o de recientes luchas. Hay una tendencia a no mantener una mirada larga, en el tiempo y en el espacio.
Los bolivianos olvidan, incluso a sus muertos más apreciados. El olvido es el peor duelo, el más cruel entierro y el triunfo más patético del enemigo. Hay olvidos que cubren los cuerpos de seres humanos, de apellidos menos conocidos, de aquellos que dieron su tranquilidad, su trabajo, su familia y su vida por la democracia.
Hace treinta años, el sangriento golpe narcomilitar comandado por Luis García Mesa no sólo asesinó a famosos luchadores políticos, sino que silenció a decenas de trabajadores anónimos que resistieron la nueva arremetida militar.
La primera fase se dio en las calles paceñas, en Oruro y en algunas capitales, donde las frágiles trincheras fueron pronto arrasadas por tropas del ejército. La mayor combatividad se concentró en los distritos mineros norteños: Caracoles, Viloco y Colquiri.
Los obreros, apoyados por miembros de la Iglesia Católica, como el padre Antonio de Viloco, mantuvieron hasta agosto un múltiple frente de lucha. A la huelga general agregaron el sistema de información clandestina de las llamadas “radios de los topos” como se conocieron durante esos días. Los periodistas extranjeros se basaron en los informativos de ellas pues otros medios independientes estaban silenciados.
Las “radios de los topos” fueron las primeras en difundir dentro del país la información del Washington Post, de Newsweek y de medios brasileños que denunciaron la vinculación de los golpistas con el dinero negro del tráfico de cocaína. Un senador estadounidense develó nombres como los del mayor Ruddy Landívar, del general Hugo Echevarría, del paramilitar Abraham Baptista, del coronel Rolando Canido, del coronel Ariel Coca, además del Coronel Luis Arce Gómez, que aparecían relacionados a Hugo Banzer- García Meza y la “conexión boliviana de narcotráfico”.
La reacción militar fue asaltar los campamentos mineros, a donde se aproximaban campesinos y colonizadores para fortalecer al clandestino “Gobierno de Unidad Nacional”, el GUN que duró pocas semanas. Bajo la consigna: ¡¡democracia!!, mineros y agrarios resistieron varios días más, incluso a los bombardeos aéreos.
Al último guerrero, un militar le puso un cachorro de dinamita y lo hizo saltar en pedazos en plena plaza de Caracoles. Sólo la compasión religiosa rezó el responso y sacerdotes y religiosos, el periódico católico “Presencia” mantuvo el último foco prendido, con sus denuncias internas e internacionales. Ahora es también la Iglesia, la prelatura de Corocoro, la única que este 31 de julio oficiará la misa por el descanso de esos difuntos, en la apacheta de Punaya. Honor y paz a los caídos.
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