Ingreso ilícito de mercadería evita construcción de escuelas
Pese a la protesta social, el Gobierno insiste en ley “1008” para el contrabando
15 jul 2010
Fuente: La Paz, 14, LA PATRIA.-
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Pese a las marchas de protestas que centenares de ciudadanos protagonizaron ayer contra la nueva “ley 1008 del contrabando”, el Gobierno confirmó ayer su intención de aprobar la norma que penaliza con cárcel y confiscación a todas las personas que de manera directa o indirecta aparezcan involucradas en esa actividad ilícita.
La ley establece la sanción de incautación de los medios de transporte de la mercadería de contrabando y cárcel para las autoridades y ciudadanos involucrados.
Se anulan las “medidas cautelares” o de precaución que permiten a los acusados defenderse en libertad con garantías económicas o de presentación ante los juzgados.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo ayer que en el Gobierno decidieron “ser drásticos contra el contrabando” porque la internación ilegal de bienes “desangra nuestro país”.
“Cada vez que ingresa un artículo sin pagar impuestos se pierde la posibilidad de construir escuelas y hospitales”, dijo el Segundo Mandatario.
DUREZA
Varios dirigentes de los comerciantes de los expendios de la calle Eloy Salmón y aledañas reiteraron ayer que no se oponen a la lucha contra el contrabando pero pidieron no penalizar a los transportistas y comerciantes que venden las mercaderías una vez que ingresan a Bolivia.
En Oruro, los comerciantes de las tradicionales ferias de los miércoles y sábado también anunciaron medidas de protesta contra la ley.
Jhonny Huanca, dirigente de los comerciantes de la Eloy Salmón, dijo el Gobierno en lugar de aprobar leyes draconianas debería busca soluciones de fondo al desempleo. “Lamentablemente en el país no hay fuentes de empleo y esta nueva Ley va a poner en peligro nuestra forma de supervivencia”, advirtió.
“Nosotros no tenemos nada más que el comercio como un medio de trabajo”, insistió.
Pero García Linera dijo que la normativa será definitivamente “tan dura o más” que la ley de la Coca y Régimen de Sustancias Controladas 1008, que en muchos casos presume la culpabilidad de los acusados.
El Vicepresidente dijo que el Estado hasta el momento ha sido rebasado “por redes criminales de contrabandistas”.
“Se requiere ser muy duro, contundente. Y esta ley apunta a ser duro Es la ley 1008 contra el contrabando y confiamos en que los comerciantes, los transportistas entenderán y más bien deberían ayudar”, dijo.
RATIFICACIÓN
El proyecto de ley sanciona con la confiscación de “herramientas, inmuebles o vehículos utilizados por contrabandistas” y determina la “detención de personas involucradas directa o indirectamente en el hecho”.
Se establece una pena privativa de libertad de 15 años para funcionarios estatales o policías vinculados con esa actividad.
El Segundo Mandatario dijo que “decenas de millones de dólares se pierden por el contrabando”. Pidió que “todo el mundo” colabore en la lucha contra el contrabando.
“Literalmente es defender la escuela del joven, del adolescente del Plan Tres Mil o de Cala Cala. Es defender el hospital para Tarija, Chuquisaca o Pando”, dijo.
García Linera comprometió sanciones contra los funcionarios que caen en la corrupción por contrabando. “Si hay abuso, oriéntenos para impedir que haya abusos, pero no nos pueden pedir que seamos blandos, que seamos muy contundentes, muy firmes y muy duros para sancionar a los contrabandistas”, sentenció.
Fuente: La Paz, 14, LA PATRIA.-
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