Exfiscal de Paraguay defiende ante CorteIDH investigación en caso de torturas

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El exfiscal general de Paraguay, Oscar Latorre, defendió este jueves en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la investigación interna realizada sobre el caso de presuntas torturas a dos activistas de izquierda en el año 2002.

"Puedo asegurar que la investigación se realizó con criterio de objetividad, no hubo presiones internas ni externas. El Ministerio Público goza de un alto grado de independencia y la investigación no tuvo un contexto político", afirmó Latorre.

Según la demanda contra el Estado, los activistas del grupo izquierdista Patria Libre, Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, fueron desaparecidos temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 y sometidos a torturas.

Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron y torturaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

El exfiscal paraguayo aseguró que las investigaciones de la Fiscalía sobre la denuncia de Arrom y Martí descartaron la responsabilidad de tres agentes estatales identificados por Arrom, por lo que se dictó un sobreseimiento.

Latorre aseguró que las investigaciones por el caso del secuestro de Bordón, identificaron contactos de Arrom y Martí con líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC).

Según el exfiscal, esa guerrilla colombiana colaboró a instaurar en Paraguay una "industria del secuestro" que dejó al menos 50 personas muertas.

Sobre Arrom y Martí, el exfiscal aseguró que "se dieron a la fuga" dos días antes de una audiencia judicial y que por ello el proceso por el secuestro de Bordón no concluyó.

Latorre sostuvo que en todo momento del proceso se respetó la presunción de inocencia de ambos.

Arrom y Martí obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil en diciembre del año 2003 y desde entonces viven en ese país.

La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente encargado de elevar los casos a la CorteIDH, sostuvo este jueves en la audiencia que la investigación judicial paraguaya por la denuncia de los dos activistas de izquierda no fue de oficio.

Además, señaló que la investigación careció de garantías como la debida diligencia, la imparcialidad; trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y "estigmatizó a las víctimas" al señalarlos como secuestradores.

La audiencia continuará más tarde con los alegatos finales de la CIDH, de los representantes de las presuntas víctimas y de la representación del Estado.

En esta audiencia está presente el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en calidad de "observador", quien de momento no se ha referido al caso.

Fuente: San José, 7 (EFE).-