Falta de seguridad jurídica y alta burocracia impiden concretar inversiones para minería

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Una serie de circunstancias especiales que son parte de una problemática que merece tratamiento de actualización y regularización de normas, para evitar el rezago de oportunidades nacionales ante la competencia de países vecinos en materia de inversiones mineras, debería ser la principal tarea de los ejecutivos que tienen a su cargo el manejo de la estrategia productiva de la minería nacional.

Recientemente se han conocido algunos detalles de lo que se hizo en la gestión pasada en la administración del sistema productivo minero y metalúrgico en el sector estatal, pero incluyendo datos comparativos con la actividad de la minería privada (mediana) y el caso de las cooperativas.

Se reiteró el movimiento de muchas cifras, consignadas como inversiones para impulsar el crecimiento del sector, sin embargo algo que sobresale en los hechos, es que de manera práctica no se detalla ningún nuevo emprendimiento que signifique "aumentar" la lista de empresas productivas que aprovechando algunas inversiones, puedan incursionar en planes de diversificación de la extracción minera en el país. No hay nada nuevo, todo se circunscribe al movimiento de las empresas tradicionales.

De manera general las inversiones en nuestro país han registrado una caída en cuyo proceso han aparecido una serie de empresas, especialmente las más vulnerables en función financiera y otras que además deben soportar una serie de contingencias que alteran su producción. Entre estas lamentablemente se incluyen las empresas mineras privadas, pues la carga de un doble aguinaldo que se convierte en un triple bono de fin de año, ha descompaginado, una vez más el rubro de cuentas, obligando a disponer ahorros y reservas, pero además tomar decisiones radicales, como reducción de personal y suspensión de inversiones.

No hay seguridad

Es más complejo el asunto cuando para el sector minero, propiamente no se facilitan las condiciones para captar provisión de capitales, debido a la falta de garantía jurídica y la falta de incentivos tributarios, como sucede en países vecinos donde se abren las puertas a la gran inversión extranjera. Por lo tanto en esta alternativa de competencia, la ausencia de capitales es un hecho.

La sentencia muy clara expresada por connotados dirigentes del empresariado privado es contundente: "Bolivia no es atractiva para la inversión foránea" y con esa dura limitación por delante, es muy poco lo que se puede rescatar en muy contados casos, en los que capitales extranjeros, apuntalan algún proyecto nacional, generalmente en rubros industriales y de comercio exterior, aunque dicho sea de paso, hasta en tales opciones hay fuerte contrariedad cuando el recuento de perjuicios crece por efecto del imparable contrabando y por ciertas importaciones autorizadas, que en los mercados compiten abiertamente con lo que sacrificadamente se produce en el país.

Inútiles promociones

Es cierto que se han hecho muchas ofertas, se han aprovechado muchos viajes para definirlos como "promoción de inversiones", en el sector de la minería se contaron algunas conversaciones, como el inicio de verdaderos negocios y naturalmente que las expectativas crecieron suponiendo la concreción de importantes negocios. A la hora de las definiciones, el recuento es de mínimos resultados.

Algunos convenios avanzaron especialmente a través de relaciones intergubernamentales y no propiamente por decisión directa de empresas inversionistas, cuyos ejecutivos tuvieron que enterarse de las condiciones poco favorables en materia de seguridad jurídica, lo que ahuyento algunos capitales de empresas mineras mundiales, que no tardaron en colocarse en la nómina de inversionistas en Perú, Chile, Argentina, Ecuador o Colombia, donde en la actualidad hay generosos emprendimientos minero metalúrgicos.

Capitales y tecnología

Las diferencias se marcan muy claramente cuando se trata de encarar proyectos mineros, aunque esa opción ha quedado relegada desde hace más de diez años y como ejemplo queda el caso de la minera San Cristóbal que tardó 10 años en consolidar su proyecto y en el tiempo presente son otros 10 años de producción, considerándose la principal empresa minera en Bolivia.

Sólo como detalle, esa es una alternativa para encarar un proyecto minero que desde su fase de prospección y la de exploración, demanda mucho tiempo y un buen capital en giro que se asegura una vez que los indicios son favorables para desarrollar un emprendimiento. El caso es que con el cambio de ciertas normativas sobre el uso de nuestros recursos naturales, han surgido limitaciones a las inversiones y se han incrementado las restricciones para concretar proyectos de alto desarrollo productivo.

La minería es un rubro que necesita tiempo y fuerte capital para concretar proyectos de buen rendimiento, lo que no puede concretarse, si la vigencia de ciertas normas no garantizan inversiones y aseguran el desarrollo de proyectos que es precisamente uno de los aspectos que pese a renovarse la Ley de Minería y Metalurgia, no permite avanzar en el desarrollo de una minería activa como sucede en los países vecinos. Hay inseguridad y excesiva burocracia.

Se necesita capitales y tecnología, justamente dos rubros a los que no podemos acceder por la vigencia de un inadecuado conjunto de normas, retrasando lo que sucede en países vecinos, el despegue de la gran minería. Estos criterios corresponden a empresarios del sector que están esperando decisiones más concretas y un mayor impulso a la industria minera nacional.

Agencias, PM.