Defensoría del pueblo

Empecemos por recordar que ésta institución, la Defensoría del Pueblo, fue creada en el marco de la reforma constitucional que se aprobó en 1994, cuando además el Capítulo Boliviano del Ombudsman, como se la conoce en otros países, se formalizó en el nuestro respondiendo a una sentida necesidad de la sociedad civil, preocupada de contar con una entidad independiente que tenga la capacidad suficiente para defender los derechos ciudadanos.

En el caso del país, con criterios de cierta disconformidad se encomendó al Congreso la designación de la primera autoridad de la flamante entidad que comenzó a funcionar en 1998, estrenando el cargo la periodista Ana María Romero, como primera defensora. La connotada profesional asumió la responsabilidad de poner en la palestra pública a la defensoría en su esquema apropiado a normas que regían con el Ombudsman y que debían cumplirse fielmente para trabajar por la defensa y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas, hombres y mujeres, en todos los ámbitos sociales.

Sin lugar a dudas que la primera etapa en la vida institucional, tuvo en la Defensora del Pueblo, una ideal representación que permitió imponer la altura de sus obligaciones, ante los bajos intereses especialmente de grupos políticos que hasta intentaron frenar la vigencia de esa entidad vigilante a su vez del cumplimiento de deberes públicos, respeto por los valores ciudadanos y una clara denuncia contra los abusos de "ciertos poderes" que afectaban las libertades constitucionales.

Qué se esperaba de la Defensoría del pueblo?, sencillamente eso, que defienda al pueblo en toda instancia, de manera especial a los más desvalidos, a la clase pobre, a la que no puede entrar en la competencia de reclamos para tener mayores beneficios sociales o para denunciar abusos contra la gente o directamente hechos que vulneran las libertades o que pasan a la categoría de abuso en el marco del autoritarismo o la corrupción.

Una tarea sumamente compleja, una responsabilidad de alto contenido humano que debía frenar cualquier forma de abuso contra la integridad y la conciencia ciudadana. La tarea fue impuesta como ejemplo de convicción por la primera Defensora del Pueblo.

Pero en el transcurrir del tiempo se produjeron cambios y las nuevas autoridades debilitaron la fortaleza de la Defensoría del Pueblo, admitiendo en muchos casos la presión política que desvirtuó la fuerza e independencia de un organismo que lamentablemente fue insumiéndose en las aguas de la política partidista.

Lo que sucedió en el último tiempo con las acciones de un defensor del pueblo muy apegado a los poderes de la administración estatal, llegaron al extremo de ventilar en esa instancia hasta las debilidades personales del aludido quitando todos los méritos a un organismo que no servía en absoluto para defender al pueblo. Lo han dicho y se reconoce que la imagen de la defensoría está a ras del piso y la tarea más importante será levantarla y devolverle su sitial.

Se designó una defensora en condición de interinato, no se sabe exactamente por qué tiempo, pues se espera que una nueva autoridad a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, sea producto de una invitación superior de múltiple institucionalidad, para que no tenga ligazón alguna con sectores políticos. La nueva, o el nuevo defensor deberán tener respaldo ciudadano a través de sus instituciones, nombramiento que convalidará el Congreso, para que sea una prueba de absoluta legitimidad ante la sociedad civil.

Fuente: LA PATRIA