Justicia y democracia

La justicia debería ser uno de los pilares más fuertes y robustos en un país democrático con elevado prestigio y robusta solvencia en la composición y clasificación selectiva de sus miembros, autonomía de gestión, administración idónea e imparcial y sin injerencia política. Una democracia de calidad depende en buena medida de la confianza de sus ciudadanos en las diversas instituciones que la sustentan. La falta de este apoyo en los establecimientos democráticos podría producir disfunciones institucionales que pueden revertir en la propia legitimidad de la democracia como forma de ordenación de la vida política. En el marco institucional democrático, el efectivo funcionamiento de los tribunales de justicia se define como una columna esencial para la estabilidad y calidad del sistema político y del mantenimiento del Estado de derecho y la administración imparcial de la justicia.

En esta última temporada sensiblemente los tribunales de justicia no están siendo vistos como instituciones accesibles capaces de dar soluciones, justas y efectivas a las disputas legales, dando la probabilidad de que los ciudadanos traten de resolver sus conflictos por medios más violentos. Por esta razón se hace necesaria crear una imagen enriquecida de una justicia democrática que colabore a través de los procesos judiciales a la integración de las demandas sociales de todas aquellas minorías o grupos que no se sienten representadas y que no pueden acceder libremente a una justicia imparcial y transparente.

Se encuentra lejana la posibilidad de que, los tribunales puedan convertirse en instituciones solventes en la administración de justicia que ofrezcan confianza y garantía en la solución de procesos judiciales

La democracia, entendida como participación pública del ciudadano de a pie, no solamente trata de integrar las demandas de otros grupos, sino también de reforzar la idea de igualdad de acceso y trato en las instituciones como una aspiración para combatir la desigualdad social.

En esta línea, una justicia democrática también debe aspirar a que el compromiso de un proceso justo e imparcial proteja los derechos de todos sus ciudadanos, independientemente de su situación económica, social o minoría étnica. De modo que, una sociedad no se puede considerar democrática si los ciudadanos no tienen por igual la oportunidad de reivindicar sus derechos ante los tribunales de justicia. Se considera trascendental el funcionamiento de una justicia notable para la protección de los derechos de los ciudadanos de los errores y abusos de los poderes ejecutivos y legislativos de un Estado, y para la lucha contra la corrupción política.

Donde el Estado de derecho sea respetado, en mayor medida, debe ser la responsabilidad de mantener una justicia democrática rígida en apego a las leyes y protección a las minorías que tienen vulnerados sus derechos, entendiendo que la justicia en democracia debe defender a la ciudadanía de aquellos que detentan el poder y, además, someten su poder político al accionar de los tribunales de justicia desvalorizando el Estado de derecho.

De este modo el mecanismo de control vertical de los tribunales de parte de políticos electos por medio de las elecciones debe ser repudiado y rechazado por la población en general y de las instituciones civiles del Estado que velan también por los intereses de la ciudadanía.

Un Estado con una democracia avanzada y consolidada debe mostrar altos niveles de calidad en la justicia en auxilio de la ciudadanía que sufre bajos niveles de satisfacción con las instituciones judiciales.

En un momento en el que se plantea la reforma en el sector judicial, cabe pensar en los cambios institucionales que se deben realizar para aumentar la confianza ciudadana hacia el sistema judicial. Realizando un análisis sustancial se puede tomar en cuenta cuatro puntos que afectan a la percepción que la ciudadanía tiene del funcionamiento de la justicia que son considerados fundamentales para el buen funcionamiento de la misma.

a)- El Acceso a la justicia debe ser la garantía de la ruta igualitaria a los tribunales por medio de la eliminación de la burocracia judicial y/o económicas para los ciudadanos que no tienen medios suficientes para pagar un proceso legal.

b) Imparcialidad en la administración de la justicia y aplicación justa e igualitaria del derecho a través de un proceso debido, justo e independientemente de su status económico, social y etnico.

c) Eficiencia judicial en la aplicación del derecho de parte de jueces sin incurrir en errores legales ni en dilaciones indebidas del proceso judicial.

d) Independencia judicial en la No injerencia de intereses políticos o de presiones externas en la decisión y actuar de los jueces. La implementación de un modelo abreviado y enfocado a garantizar la igualdad de acceso a la justicia, especialmente de los sectores con menos recursos para litigar debe proponer varias alternativas para encontrar soluciones a la atención oportuna de los conflictos judiciales y la deficiente administración de justicia en el entendido que la justicia debe ser justa y gratuita corresponde otorgar mayor presupuesto a la asistencia legal mediante los defensores públicos de oficio, asimismo, efectuar un reordenamiento y clasificación del personal operativo técnico en los juzgados, de manera de obtener una atención pronta, adecuada y diligente para con los litigantes.

La modernización de la justicia debe ser un objetivo y tarea inmediata de un Estado con responsabilidad, de modo de incrementar la eficacia y reducir la cogestión en los tribunales de modo de reducir la mora de los procesos judiciales, mediante:

a) La mejora de los medios de información y comunicación tecnológica.

b) Simplificación de procesos judiciales.

c) Establecimiento e implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Para la efectiva ejecución de esta política es necesario un giro estratégico de los actores políticos y judiciales hacia la reforma de la propia estructura del proceso judicial con la finalidad de optimizar los recursos personales y materiales actualmente disponibles.

Al inicio esta estrategia sería menos costosa y más rápida en su aplicación que la formación de más jueces, y por lo tanto, más conveniente en época de crisis. Para conseguir la credibilidad de la población en el poder judicial será necesario incrementar la imparcialidad y calidad de las sentencias, a través de una mejora en la selección y evaluación de los jueces. Para ello es imprescindible la formación de profesionales en aulas universitarias con una visión y misión honesta, idónea, con altos valores de moral y ética en el desarrollo de sus funciones con el fin de conseguir jueces competentes sanos y probos que permitan brindar confianza a la población.