Denuncian a dos fiscales por incumplimiento de deberes

Los fiscales Juan Villarroel y Orlando Rojas fueron denunciados por incumplimiento de deberes, el 18 de enero de enero de este año, ante la Fiscalía General del Estado, por los familiares del exmilitar Luis Gareca Oporto de 66 años, asesinado el 21 de julio de 2018 en el interior de su domicilio situado en las calles Herrera entre avenida 6 de Agosto y Backovic.

Los afectados al presentar la denuncia se basaron en el artículo 154 del Código Penal que señala: "La servidora o el servidor público que ilegítimamente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años".

JUSTIFICACIÃ?N

Justificaron en la denuncia que este caso tiene un retraso en su investigación de cuatro meses y medio aproximadamente. A la fecha no existe ningún tipo de imputación, pese a que un investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), recolectó los indicios suficientes para establecer que los presuntos autores serían personas que conocían a la víctima.

Asimismo, en la denuncia, los familiares del exmilitar indicaron que se cometieron una serie de irregularidades en la investigación del presente caso, por ejemplo, se tomó un examen toxicológico a uno de los implicados en el hecho de asesinato, quien además sería inquilino del fallecido, actuado que estuvo a cargo del personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El resultado de este peritaje llegó a la ciudad de Oruro el 9 de agosto de 2018, con esa certeza, se establece en el documento, que los familiares fueron al Ministerio Público de Oruro a preguntar acerca del resultado.

"Me indicaron que no había llegado, al grado que los mismos fiscales a cargo negaron la existencia de algún resultado enviado por el IDIF, es así que hice referencia que fuimos al IDIF de la ciudad de La Paz y me dieron la información de que esas pericias ya fueron enviadas el 9 de agosto, con la esperanza que se pudiera viabilizar de una vez y continuar con las diligencias correspondientes, pero lamentablemente siguieron negando la existencia de alguna respuesta del IDIF", afirmaron en la denuncia.

Ante esa situación la familia se movilizó ante las instancias pertinentes y el resultado de ese peritaje "misteriosamente" apareció el 8 de octubre, con el argumento de que se había "entrepapelado".

La familia reclamó que este caso de asesinato se maneja "como si fuere cualquier cosa", ya que el peritaje señalado era una evidencia fundamental. La prueba toxicológica se sacó al inquilino, único testigo del asesinato y quien en una declaración ante la Fiscalía señaló que los supuestos asesinos le habían inyectado algún tipo de sustancia que le hizo perder el sentido, sin embargo, el resultado dio negativo.

Fue uno de los hechos más resaltantes de la denuncia, además de otros argumentos que, a criterio de la familia, afecta a la investigación que, pese a identificar a los presuntos autores, tienen un retraso considerable en la investigación. Además de establecer un supuesto favoritismo hacia los implicados.

ANTECEDENTES

El 21 de julio del pasado año, se presume que falsos cristianos golpearon la puerta de calle de la casa del exmilitar, quien se encontraba solo en su reducto. Mientras que, en una de las habitaciones rentadas, estaba el inquilino, quien abrió la puerta. Según su testimonio, esos tres supuestos predicadores arremetieron con fuerza y lo maniataron, para inmovilizarlo.

Posteriormente, fueron tras del exmilitar, quien fue asesinado a golpes, para luego robarle aproximadamente 100 mil bolivianos y 75 mil dólares. Actualmente el caso no tiene aprehendidos y menos una imputación.

Fuente: LA PATRIA