Por ese motivo el 15 de enero envió una carta al ejecutivo Juan Carlos Huarachi, expresando su sorpresa y preocupación porque la COB hubiese permitido violar la Ley 045 que, siguiendo el mandato de la Constitución PolÃtica del Estado, prohÃbe "la odiosa discriminación en el paÃs".
La molestia surge porque en la disposición final segunda del decreto 3770 que fue parte de los acuerdos COB-Gobierno, dice que la prohibición no se aplicará a las empresas estatales, en caso que las mismas deban realizar un proceso de restructuración.
Tras recibir la carta, la COB gestionó una reunión entre el sector petrolero y el gobierno con el encargo de enmendar el error y que el presidente Evo Morales emita un nuevo decreto que otorgue "tratamiento igualitario para todos los trabajadores del paÃs, evitando la actual e ilegal discriminación en contra de los trabajadores de las empresas públicas", dice la carta oficial.
Este malestar obligó a una reunión el pasado 23 de enero entre el ministro de Gobierno Carlos Romero, la COD-Santa Cruz, Confederación de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicación, Aguas y Gas de Bolivia, y Petroleros, en la que acordaron realizar ajustes al Decreto 3770 sin anular la palabra "reestructuración" en las empresas públicas.
El documento incorpora al rango de prohibición el "traslado del trabajo a un puesto de trabajo inferior, alteración del horario de trabajo sin cumplir la Ley General del Trabajo, traslado del trabajo a jurisdicción distinta de su residencia principal o falta de pago de salario".
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