El gobernante MAS acelera juicios contra sus opositores

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El gobernante MAS ha impuesto un ritmo inusitado para despejar su camino de “refundación” de Bolivia con la apertura de procesos judiciales contra varios opositores y la aprobación de leyes estructurales de la nueva estructura de órganos de poder.

Ayer, el Ministerio de Lucha contra la Corrupción, lanzó una descarga de acusaciones contra el ejecutivo de Aerosur, Humberto Roca, quien se convirtió en blanco de los ataques del Ejecutivo, desde que insinúo que el Vicepresidente Álvaro García Linera es un “comepollo”, en alusión a las advertencia del presidente Evo Morales, quien denunció que quienes consumen esa ave alimentada con transgénicos sufren de desviaciones en su masculinidad.

La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo denunció que Roca literalmente pretendía ganar el favoritismo de jueces y fiscales con descuentos especiales por el uso de los aviones de Aerosur.

“Nosotros nos declararnos víctimas de abuso de poder económico del señor Roca, quien firmó un convenio con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a través del cual se da beneficios a los servidores de ambas instancias hasta con más del 50% (de descuentos) en los pasajes aéreos”, dijo Suxo.

Agregó que “también sabemos que hay un convenio firmado con el Ministerio Público” y calificó los convenios como “una manera sobretodo de buscar prebendas” de “quienes tienen que actuar de manera totalmente transparente y objetiva”.

MÁS PROCESADOS

Pero Roca no es el único procesado. El MAS también levanta una lista creciente de opositores políticos procesados por diferentes motivos.

El nombre más reciente en la fila de acusados es el de Ninoska Lazarte, ex diputada de Podemos y presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba que fue convocada a prestar declaraciones por un caso de supuesto incumplimiento de deberes por no haber respaldado con pruebas sus denuncias de una intervención de venezolanos en el proceso de carnetización.

Lazarte debe presentarse el 21 de julio en la Fiscalía de Distrito de La Paz para presentar sus descargos.

En Cochabamba, Lazarte dijo que “lo más grave de todo es que se me cita a la Fiscalía de La Paz, esto demuestra una vez más que el Gobierno continúa con su cacería de opositores”.

JOAQUINO

Además del alcalde de Sucre, Jaime Barrón, suspendido por una acusación de violación de derechos humanos de indígenas, el alcalde de Potosí, René Joaquino también enfrenta un proceso por la supuesta compra irregular de vehículos a medio uso en Chile.

El alcalde potosino dijo que se trataba de un juicio político.

En La Paz, también se mantiene latente el proceso por delitos de acción pública contra el ex alcalde y jefe del MSM, Juan del Granado, el alcalde Luis Revilla y el ex secretario de la municipalidad, Javier Zárate.

El dirigente de los comunarios de Alpacoma, Alejandro Goytia Paca, interpuso acción penal contra los tres ex aliados del MAS, por los delitos de falsedad ideológica, peculado, defraudación y otros.

Pero el juicio que generó más repercusiones es el iniciado por el Vicepresidente Álvaro García Linera contra el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas por el presunto delito de desacato.

Costas denunció que García Linera recibió dinero del narcotráfico.

Ayer la fiscal Rosario Venegas, asignada a la investigación del caso dijo que “lo que corresponde es continuar con la investigación correspondiente que consiste en que se cite al denunciante (García Linera) para que ratifique su denuncia o amplíe y luego citar al denunciado”.

OTROS ACUSADOS

Los acusados por el Gobierno forman una gruesa lista de ex autoridades políticas o cívicas que se opusieron al MAS.

Son objeto de procesos la alcaldesa suspendida de Sucre Aydée Nava y el ex cívico de Sucre John Cava por el mismo caso de “racismo” que destituyó a Barrón.

Los ex presidentes cívicos de Santa Cruz Branko Marinkovic y Guido Nayar, actualmente con paradero desconocido también están acusados en el caso de supuesto “terrorismo separatista”. El fiscal Marcelo Sosa continúa con la recepción de declaraciones de los sospechosos en ese caso.

Por las muertes en el caso Porvenir de Pando, el 11 de septiembre del 2008, aguardan la hora de sentarse en la silla de los acusados el ex prefecto Leopoldo Fernández, y otros 27 imputados.

El senador por Pando Roger Pinto y el ex senador Paulo Bravo, de la misma región también enfrentan procesos impulsados por el Gobierno.

“Lo que quieren con estos juicios es hacernos callar, pero no lo van a lograr”, dijo Pinto.

Fuente: La Paz, 13, LA PATRIA.-