La minería boliviana debería atraer parte de la gran inversión privada

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En criterio de analistas y expertos en materia minera, nuestro país confronta una marcada diferencia con países vecinos en sentido de aprovechar por lo menos una parte del intenso flujo de inversiones extranjeras que favorecen sus proyectos, en el nuestro la ausencia de normativas específicas, frenan las decisiones de inversionistas, y el Estado como tal, es muy difícil que supla ese flujo de recursos financieros, expresamente destinados a la minería.

De manera permanente conocemos la información especializada, (Portal Minero) que nos muestra la constante inversión de millones de dólares que son parte de convenios especiales con empresas estatales y privadas de los países vecinos que están en franca competencia por alentar grandes emprendimientos mineros, sujetos a normativas especiales que priorizan el respeto a temas tributarios, participación de capitales y utilidades, cuidado del medio ambiente y regulaciones que hacen posible un aprovechamiento común del buen uso de los recursos mineros y su proyección especialmente industrial.

Por lo que se conoce, en el Perú y Chile, la prioridad de emprendimientos privados y otros de relación societaria con Gobiernos, han dado ya el gran salto hacia la industrialización de sus "commodities", de ahí que la competencia ya no es sólo de qué país produce más concentrados, sino de cuál ofrece en venta material metálico con valor agregado y requerido por una creciente industria subsidiaria. Esta situación de última mención es parte de la actividad minera en Ecuador, Colombia y con fuerte crecimiento en México.

LA INDUSTRIALIZACIÃ?N

En el caso boliviano, sólo el estaño entra en el proceso de fundición, se convierte en metálico de alta calidad, con buen valor agregado y requerido en múltiples industrias de Estados Unidos y países de Asia y Europa, el resto de minerales vendemos como concentrados y con la desventaja de que incluso contenidos de variados minerales, son separados por procedimientos sencillos aumentando el beneficio directo que todavía no podemos recuperarlo en el país. Es una realidad lamentable y una deficiencia en el contexto general de la producción minera boliviana.

La información nacional, generalmente oficial, no refleja en cifras concretas las diferencias existentes entre el rendimiento productivo de países vecinos y el índice de producción y exportación de nuestra materia prima minera, con lo que se sostiene, especialmente el sector estatal, que debido a la falta de una adecuada "política minera", sigue "batiéndose" con estrechos presupuestos que no permiten el crecimiento sectorial hacia su diversificación con el objetivo de su industrialización.

Está claro que la normativa minera nacional es poco atractiva para inversiones externas, el impulso estatal es tan limitado que difícilmente permitiría entrar con paso firme al proceso industrial. Un ejemplo es Karachipampa, que, pese al soporte presupuestario estatal, aún no puede superar sus fallas y su costoso mantenimiento hace inviable su producción continua de lingotes de plomo y plata que aumentarían el rendimiento industrial minero.

Otra consideración sobre el tema tiene que ver con una inexplicable demora en la implementación de las dos anunciadas fundiciones de zinc, una en Oruro y la otra en Potosí, proyectos que al ser lanzados (años atrás) ya tenían aprobado su financiamiento superior al medio millón de dólares. En el caso del proyecto en Oruro, se adelantó su emplazamiento en terrenos del complejo metalúrgico de Vinto, lo que ya se consideraba un buen avance, que finalmente no pasó de ser un anuncio más de vocería oficial.

En este rubro de la industrialización de minerales tienen tratamiento especial, los casos de litio en el salar de Uyuni y de hierro en el Mutún, ambos avanzan por "cuerda separada" en financiamiento, tiempo y espacio. Aunque los observadores del asunto, consideran que "estamos atrasados" con relación a Chile y Argentina en cuánto al litio y bastante más con Brasil en explotación e industrialización del hierro.

Según un destacado profesional en minería, ex ministro del ramo, el tema de las inversiones externas no avanza por la falta de normativas claras y adecuada seguridad jurídica, pues se entiende que ningún inversionista querrá desarrollar un proyecto con sus propios recursos si no hay garantías, por lo que solo le restará la posibilidad de asociarse (con el Estado) aceptando la coparticipación de utilidades en las condiciones oficiales, lo que parece una "aventura" a la que no se someten empresas inversionistas.

FALENCIAS

TÃ?CNICO LEGALES

El trabajo de otro destacado investigador minero, señala que "la seguridad política y jurídica en Bolivia, es una de las peores en la región", anota además como observaciones, las regulaciones ambientales, el sistema legal, el régimen impositivo, la incertidumbre respecto a demandas sobre tierras en disputa y falta de datos geológicos. Precisamente en esta última observación se establece que en nuestro país hasta el 2016, el avance en establecer la carta geológica sólo llegaba a un 45,7 por ciento, mientras que, en los casos de Perú y Chile, ese documento referencial de las zonas mineras está al 100 por ciento.

En este proceso de análisis de la situación de nuestras minería se admite en los altos niveles del sector oficial que una de las causas que impide la aplicación de planes mineros, es la reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entidad que debería encargarse de la elaboración de una política minera renovada, la conformación de un equipo profesional de alto nivel para el desarrollo y aplicación de nuevos proyectos y una necesaria revisión de su actual burocracia administrativa.

Finalmente hay que señalar al sector minero, como uno de los más importantes generadores de empleo. Se calcula que sólo el subsector de las cooperativas da trabajo a unas 200 mil personas. La minería privada tiene otro importante nivel de empleo seguro y luego el sector estatal que se mantiene "sindicalmente".

Medios, P.M. Agencia Uru.