Quiborax, el caso que buscó responsables, fue congelado y terminó con una amnistía

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Pese a que julio es considerado mes de La Paz, por su aniversario; en la segunda semana, el 9 de julio, los ojos del país se centraron en Sucre, donde el ex fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa, ya que fue considerado como el responsable del laudo arbitral que perdió Bolivia contra la empresa chilena Quiborax, a la que se tuvo que pagar 42,6 millones de dólares en compensación por la reversión de concesiones mineras en 2004.

Ante la mayoría "masista" que impera dicha poder del Estado, vanas fueron las esperanzas de Carlos Mesa, quien en su defensa señaló que la verdadera responsabilidad debía recaer en el procurador Pablo Menacho; el exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce; y el ministro de Minería, César Navarro, ya que habrían sido ellos quienes no hicieron una adecuada defensa; pues su gobierno habría hecho lo correcto para la reversión de concesiones y que Quiborax enjuició a Bolivia con base en documentación falsa.

Para "calma" de la exautoridad, el 26 de julio, el presidente de la ALP y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, indicó que el juicio por el caso Quiborax, no sería abordado en esta legislatura, quedando congelado hasta el 2020, porque existirían otros juicios de responsabilidad en espera y que demandarán mucho tiempo para su tratamiento.

Sin embargo, el 27 de septiembre, a cuatro días de conocer el fallo sobre la demanda marítima, el Presidente Evo Morales, sustentado en la atribución 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado (CPE), hizo público el Decreto Presidencial 3682, cuya determinación radica en conceder amnistía a Carlos Mesa y a Jorge Tuto Quiroga, a este último por el caso Petrocontratos; para que ambos exmandatarios puedan afrontar actividades sobre el derecho marítimo, en el escenario post La Haya; el Decreto Presidencial fue aprobado el 9 de octubre por la ALP.

La determinación fue asumida como un buen gesto de Morales, pero no fue bienvenida, pues Mesa cuestionó la "presunción de culpabilidad" que se le estaría atribuyendo en dicho caso, reiterando que no tiene ninguna responsabilidad.

ANTECEDENTES

La empresa chilena Quiborax, que se encarga de producir ácido bórico y productos agroquímicos empezó a operar en Bolivia, a través de una sociedad con Non-Metallic Minerales S.A. (NMM), hace más de 16 años, con la explotación de ulexita en el salar de Uyuni, pero debido a que su inversión no superaba el millón de dólares, uso de métodos artesanales, explotación de mano de obra local barata, e incumplimiento sistemático de la normativa boliviana, se anuló las 11 concesiones mineras que tenía y fue expulsada del país, por Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004.

Un año y tres meses más tarde, en octubre de 2005, la firma chilena inició el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la cual, en febrero de 2006, aceptó la solicitud y casi nueve años después, en septiembre de 2015 dispuso el pago de una compensación por 57 millones de dólares, con intereses, argumentando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI). Ese mismo mes la Procuraduría General del Estado objetó y apeló la resolución, presentando en 2017 los alegatos para solicitar la anulación del laudo arbitral, pero en mayo del presente año el Ciadi rechazó la solicitud.

El 31 de mayo de 2018, el procurador Pablo Menacho y el ministro César Navarro explicaron que el contrato de transacción fue suscrito con Quiborax por un valor de 42,6 millones de dólares.

Fuente: LA PATRIA