Fallos y contrademandas que dejan en incertidumbre el castigo a "Goni"

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Tras largos 15 años, los familiares de las víctimas que perdieron la vida en los trágicos sucesos de "octubre negro" de 2003, veían la luz al final del túnel, pues mediante un fallo de la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, se hallaron culpables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como "Goni" y a quien era su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, debiendo pagar una compensación económica de 10 millones de dólares.

Con la noticia, el Gobierno ya visualizaba una pronta extradición, pues cabe mencionar que el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, señalaba: "Debe facilitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín hacia territorio boliviano, para que acá ellos se presenten ante la justicia boliviana y rindan cuentas de lo ocurrido en octubre de 2003".

Los demandantes: Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe, habían tenido la razón, ya que a los pocos días de conocerse la determinación, la defensa de las exautoridades recurrieron a una serie de argumentos jurídicos para intentar revertir el fallo, he ahí que sale a relucir la Regla 50, una norma de la justicia americana que permite a un juez anular un caso cuando la evidencia es insuficiente para poder sustentar una decisión razonable del jurado en favor de los demandantes.

La defensa de Goni y Sánchez Berzaín, basó su apelación en tres argumentos; la no existencia de pruebas y testimonios de alguna orden para disparar y matar civiles desarmados, inexistencia de evidencias de que hubiera habido un plan para utilizar fuerza letal contra la población civil, y que las muertes no fueron causadas de forma "deliberada o intencionalmente" por un soldado boliviano.

DECISI�?N REVERTIDA

En solo algunas semanas, el 30 de mayo, Bolivia amaneció con la noticia de que el Juez de la Corte de Distrito de Florida, James Cohn, revirtió la decisión del jurado en el juicio civil que responsabilizó al expresidente y su exministro de Defensa, por las muertes suscitadas en los conflictos de la "Guerra del Gas"; según la autoridad norteamericana no se encontraron evidencias suficientes.

Al respecto, en un comunicado, Sánchez de Lozada, señalaba: "Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia. El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia".

Es menester señalar que los familiares estuvieron representados por el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard y el bufete de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP; Thomas Becker, el abogado de las familias en el juicio, afirmó que se apelará el fallo del juez norteamericano, James Cohn, que absolvió al exmandatario y su ministro, por lo que el juicio podría alargarse entre dos a tres años más.

LOS DEMANDADOS SE VUELVEN DEMANDANTES

Hace algunos meses, en el décimo mes de 2018, el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre, Patricio Quispe, con bastante sorpresa e indignación, expresó a medios estatales que el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, presentó una contrademanda contra los familiares de las víctimas, por daños y perjuicios.

"Como el juez determinó que no tenían responsabilidad (por la Masacre de Octubre) ellos exploraron la posibilidad de cómo demandarnos y contrademandaron en la corte de la Florida por gastos judiciales", aseveró.

Fuente: LA PATRIA