Cedib califica como un nuevo "zarpazo" a los intereses del Estado proyecto de ley minera

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El Centro de Documentación e Información (Cedib) calificó como un nuevo "zarpazo" para los intereses del Estado boliviano, las modificaciones a la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que da mayores prerrogativas al sector cooperativista sobre los recursos naturales no renovables. El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados autoriza a este sector a operar en áreas fiscales y en toda la cadena productiva minera.

La investigadora del Cedib, Georgina Jiménez en su informe "A cuatro años de la ley minera" advierte de la inminente modificación a la ley 845, referida a la reversión de derechos mineros otorgados a cooperativas que se hubieren asociado con capitales privados extranjeros o nacionales, y de la estocada a los intereses del Estado por parte de un sector que ha sabido jugar en las coyunturas políticas a su favor y en detrimento de los intereses del país.

El proyecto de Ley que modifica la Ley 535 de Minería y Metalurgia y la Ley 845, aprobado en la Cámara de Diputados, incorpora el Contrato Cooperativo Minero (CCM) para posibilitar a las cooperativas mineras operar en áreas fiscales y participar en toda la cadena productiva.

Un reportaje de ANF bajo el título: "Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro con la fachada de cooperativas" develó durante el 2018 sociedades ilegales entre capitales extranjeros que instalaron gigantes dragas auríferas en los ríos amazónicos del norte de La Paz en áreas autorizadas a cooperativas mineras.

Una segunda investigación mostró la expansión de la presencia china en torno a la explotación del oro. El trabajo fue conocido como: "Dragas chinas llegan a Cachuela Esperanza de la mano de empresa para explotar oro por 30 años".

"Han pasado cuatro años de la promulgación de una ley que tiene todo para ser denominada Ley Maldita como un día se hiciera con la emblemática ley neoliberal de capitalización. Y es que la nueva Ley 535 de Minería y Metalurgia pactada entre cooperativistas y Gobierno ha consolidado un régimen de excepción en beneficio de quienes lucran con las riquezas naturales del país y explotando a otros", señala.

Con la ley 535 -dice Jiménez- el Gobierno entregó derechos preferentes a los mineros, en especial a los mineros privados enquistados en las denominadas cooperativas para explotar sin límites donde les parezca y en desmedro de los derechos humanos, ambientales y territoriales de la población. "Con ello la igualdad ante la ley se ha roto, creando en el país unos sectores con mayores derechos y otros que han sido expropiados de los suyos", advierte.

CONGRESO

La investigadora Georgina Jiménez marca el Congreso XXV ordinario de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) del 7 de octubre de este año como un hito de presión ejercida desde el ente matriz.

En dicho congreso Fencomin resolvió su alejamiento del MAS y su independencia política, bajo el argumento de que el Estado Plurinacional no impulsa políticas de desarrollo para los cooperativistas, y que el movimiento cooperativista ha sido "manoseado y ultrajado" por el Gobierno.

Fue cuando el sector cooperativista le dio al Comité Ejecutivo 60 días para la convocatoria a un nuevo congreso orgánico en el que se asumirían de manera definitiva una posición como Fencomin.

El Gobierno no tardó en responder y el 15 octubre concretó una reunión en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Evo Morales y la dirigencia de Fecmabol, Ferreco y Fecoman en la que se priorizó la modificación de la Ley 845, el impuesto único para las cooperativas, la comercialización de oro en el mercado interno y externo, el ingreso a las áreas protegidas y forestales, el tema del medioambiente y la exploración de nuevas áreas mineras.

Jiménez apunta el 27 de noviembre, como la fecha en que el Gobierno y la dirigencia de Fencomin consensuaron la modificación de la Ley 845. Tras la reunión, el Presidente dijo que el proyecto de ley se enviaría a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación.

"Y si alguna duda queda que la decisión del Gobierno ha sido siempre apostar por el extractivismo minero a toda costa y al precio que fuera necesario, tómese nota que han pasado más de cuatro años desde el día en que el Presidente dijera que se impulsaría un proceso judicial por traición a la patria a los cooperativistas que bajo contratos ilegales permitieron a privados expoliar los recursos naturales del país y a los funcionarios y autoridades que permitieron contratos inconstitucionales", cita la investigadora.

Por el contrario señala que en estos últimos cuatro años ni uno solo de los contratos ha sido auditado, ni demandado y tampoco se procesó a los implicados. "No se ha sancionado a una sola de las cooperativas que cometieron la ilegalidad y menos aún a una sola de las empresas nacionales y extranjeras que lucraron con los recursos del país, evadiendo leyes y responsabilidades y realizando durante años actividades ilegales contra el Estado", señala.

Con la actual ley minera, Jiménez cita que las cooperativas ya cuentan con muchas prerrogativas por encima de los derechos de otros sectores y poblaciones afectadas como el no tener límite alguno para expandir su actividad sobre la geografía del país incluyendo áreas protegidas, territorios indígenas, centros poblados y hasta cuerpos de agua.

También se permitió tener un régimen laboral propio aún a costa de la violación de la Ley General del Trabajo y de los derechos más elementales de sus trabajadores, fomento económico obligatorio desde el Estado, la no aplicación a las cooperativas de la obligatoriedad de inversiones, la no aplicación del principio de igualdad impositiva con medidas solo para ellas que les dan un régimen impositivo casi nulo, entre otros.

Fuente: La Paz, 21 (ANF)