México es responsable por tortura sexual de mujeres, falla la CorteIDH

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó hoy (ayer) de una sentencia en la que determinó que el Estado mexicano es responsable por las torturas sexuales y violaciones sufridas por mujeres en el año 2006.

La sentencia establece como víctimas a Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.

"Varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al Cepreso, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual", afirmó la Corte Interamericana.

Los jueces detallaron que las autoridades mexicanas iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos, pero ninguno ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

En el trámite del caso ante la CorteIDH, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada.

"La actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones", señala la sentencia de la CorteIDH.

Los jueces determinaron que "las once mujeres víctimas del caso estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas".

"El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas", precisa la sentencia.

Fuente: San José, 21 (EFE)