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La llegada a la Presidencia del compañero Evo Morales Ayma, precedida de grandes luchas de nuestro pueblo, marcó una agenda signada por la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Cuando nuestro presidente señaló que nacionalizarÃa las minas de Goni, ahora en manos de Glencore, fueron los trabajadores de sus empresas que se parapetaron en sus campamentos.
El Gobierno eligió el camino de las reformas legales para canalizar la recuperación y transformación de las minas, camino que tuvo sobresaltos por los problemas coyunturales que se presentaban en el sector. Asà se unificó la producción en la Empresa Minera Huanuni, revertiendo los contratos con las cooperativas en el mismo yacimiento; se nacionalizó la fundición de Vinto, que tenÃa como principal proveedor a Huanuni; se nacionalizó Colquiri, cuando la empresa hacÃa operaciones en retirada a favor de una cooperativa; se nacionalizó Mallku Khota cuando la transnacional buscó el enfrentamiento entre los ayllus del Norte de PotosÃ.
Hasta la fecha toda esta normativa es letra muerta. El planteamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) sobre la refundación de Comibol llevó a viabilizar lo establecido en las normas citadas, sin embargo desde la misma organización de los trabajadores hicieron observaciones que negaban su pedido inicial. La realidad es que el camino escabroso para lograr nacionalizar el sector minero ha creado intereses regionales y particulares que evitan la unificación de la polÃtica minera con un sentido nacional.
Esta inacción nos da proyectos que no dan los resultados anhelados: Karachipampa no funciona como se esperaba, inversiones grandes en Huanuni no se concretan en resultados (ingenio y dique de colas nuevos), dineros comprometidos en Colquiri no se ejecutan.
Las empresas mineras tienen un diseño para la operación y sus funciones no son de elaborar proyectos, mucho menos de adjudicarlos y fiscalizar su producción: los gerentes de las empresas tienen mucho que hacer resolviendo los problemas cotidianos con los trabajadores, el control de la producción, el control del costo operativo, el aprovisionamiento de materiales e insumos, para dedicar tiempo a la ejecución de proyectos.
Mientras tanto Comibol no tiene el equipo ni la estructura como una corporación de empresas que cuenta con polÃticas, planes y programas para convertirse en la empresa rectora del sector, proyectar sus planes a futuro y dirigir sus empresas. Hoy es una empresa rutinaria que realiza proyectos de exploración hace 10 años sin resultados. Las inversiones se improvisan en función de las presiones regionales y sociales. Su mayor carga es cuidar un inmenso patrimonio que no tiene ninguna perspectiva productiva.
La otra cara es el panorama nacional. La minerÃa estatal no ha llegado sino al 7% de las exportaciones mineras, la renta minera para el Estado no llega al 10%. De hecho, se ha acentuado la condición de paÃs exportador primario de minerales, tampoco hay un control estatal sobre los metales agregados que se exportan. La exportación de los minerales bordea los 3.000 millones de dólares anuales, ya que las empresas justifican gastos en el exterior, tales como gastos de realización, que incluyen la fundición, transporte, seguros, etc.
Por lo tanto, es urgente contar con refinerÃas de los complejos de zinc-plomo-plata para recuperar estos productos y los agregados - indio, cadmio, oro, estaño, etc. - que a veces superan el valor de los productos principales. Es una gran lucha por tener acceso a una tecnologÃa monopólica del sector privado de las transnacionales. No dudo que la frustración de Karachipampa y las dos adjudicaciones de las refinerÃas de zinc que realizó la COMIBOL se deben a esto.
Es claro que hay que sacudir la modorra en el sector minero, es la esencia productiva de Bolivia. Hay una polÃtica minera clara en sus objetivos, es preciso crear la empresa que sea capaz concretar estos objetivos.
(*) Ex ministro de minerÃa Ex presidente de Comibol
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