PEN Nicaragua condena allanamiento a grupo de medios y demanda indemnización

La organización internacional PEN capítulo Nicaragua condenó ayer el allanamiento a un grupo de medios críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega y demandó la devolución de sus bienes y una indemnización por los daños.

"PEN Nicaragua condena esta brutal y absolutamente ilegal acción contra las instalaciones y bienes de los programas Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, y demanda a las autoridades la inmediata devolución de sus medios de trabajo y la indemnización por los daños causados", señaló ese organismo en una declaración.

La Policía nicaragüense registró las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, así como las oficinas de los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.

PEN Nicaragua calificó el allanamiento al grupo de medios como "un ataque directo al periodista Carlos Fernando Chamorro", hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Denunció que las fuerzas policiales destrozaron las instalaciones físicas y removieron por la fuerza y con lujo de violencia los equipos, cámaras y computadoras de los medios de comunicación.

PEN Nicaragua denunció "de la manera más enérgica estos ilegales atropellos a la libertad y existencia" y demandó al Gobierno que cese sus acciones agresivas contra la libertad de prensa y opinión.

"PEN Nicaragua se solidariza con el respetado y prestigioso periodista Carlos Fernando Chamorro, sus periodistas y colaboradores", agregó.

Igualmente, se solidarizó con las ONG que fueron violentadas por la Policía y despojadas de sus archivos y medios de trabajo.

La Policía Nacional aún no se ha referido a los allanamientos.

Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

Fuente: Managua, 14 (EFE)