Estado de derecho y desobediencia civil

En un Estado constituido con altos principios democráticos debe prevalecer el respeto pleno a la Constitución Política del Estado, a las Leyes y sobre todo a los derechos fundamentales de las personas, estas últimas forman el soberano, constituido por personas congregadas en agrupaciones políticas, plataformas sociales, colectivos ciudadanos llamados también movimientos sociales. En la actualidad, los movimientos sociales se están convirtiendo en los nuevos sujetos sociales que inyectan un nuevo impulso ético-político a la sociedad.

Al describir un Estado constitucional democrático de derecho se está observando un Estado que respeta y hace respetar su Carta Magna, las Leyes, el ordenamiento jurídico y el proceso democrático cumpliendo las decisiones del soberano escuchando a las minorías, promoviendo continuos procesos electorales con la participación irrestricta de los partidos políticos respeto a los resultados de las urnas electorales, y a los derechos fundamentales y constitucionales de las personas. Es preciso tener claro que, cuando se define un Estado como Constitucional y Democrático de Derecho no se hace referencia sólo al actual momento de la progresión histórica del Estado, sino fundamentalmente a un sistema político y económico orientado hacia la realización de la justicia por medio de la libertad política y la igualdad económica, mediante la configuración democrática y pluralista del poder público. Se trata de un Estado Constitucional, de Estado - Democrático, con cuatro elementos fundamentales: 1.- Un Estado pleno de derecho donde se respete los derechos fundamentales de las personas y la libertad de expresión; 2.- Una ley fundamental que legitima y limita el exceso y abuso de poder en los gobernantes, 3.- El respeto a la Constitución, creada normalmente por una asamblea constituyente que reclama una prioridad frente a otras leyes; 4.- Una estructura basada en la división de poderes y el respeto pleno a los derechos fundamentales de las Personas.

La existencia de abuso de poder, violación de la Constitución, el ordenamiento jurídico y aprobación de decretos contrarios a la carta magna pueden dar lugar a la protesta de movimientos sociales en las calles dando origen a la desobediencia civil pacífica que se podría definir como "cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el ciudadano tiene conciencia de que las Leyes o Decretos promulgados van contra la constitución y rompen el carácter democrático de un país, actos que son ilegales o de discutible legalidad, y son llevados a cabo a la fuerza y mantenidos para conseguir fines estrictamente políticos y personales.

La desobediencia civil se da en la existencia de un Estado y/o régimen de gobierno en el que no se respetan la Ley, los derechos individuales, y los procedimientos democráticos, o cuando la decisión objeto de la desobediencia civil es claramente injusta, ilegítima o inválida o, por otro lado, atenta contra el interés común o contra el interés legítimo de una mayoría. Igualmente, se considera que los criterios que definen una acción de protesta como "desobediencia civil" y que permiten distinguir a este tipo específico de protesta de la "rebelión", "contestación" o "revolución"- Se trata de acciones de gobernantes, que tienen por objetivo modificar una ley, una decisión del soberano o de alguna autoridad formalmente establecida. La noción de desobediencia civil parte de un par de consideraciones básicas: por un lado, la distinción entre legalidad y legitimidad de la Ley y, por el otro, de la idea de que hay deberes y derechos morales que obligan al ciudadano a aceptar sólo aquellas leyes y decisiones que concuerdan con ciertos principios de legalidad.

Desde el punto de vista político la proclamación en el espíritu constitucional de una democracia participativa, que excede los marcos de la representativa, significará la presencia frecuente de actitudes de rebeldía por parte de la sociedad civil ante el régimen legal existente; lo que permite que los integrantes de la sociedad empiecen a plantear sus discrepancias en forma pacífica y solicitar se les escuche en sus petitorios legalmente formulados. Se une con la problemática de la injusticia del derecho positivo, frente a lo cual, la sociedad adopta una postura de negación; un enfrentamiento que constituye en esencia la desobediencia frente al orden jurídico positivo vigente, por la inoportunidad y la inconveniencia de la Ley formal, que corresponde a una expresión de confrontación con un aspecto del orden legal, pero no implica el enfrentamiento absoluto con el sistema político imperante, pues una conducta como esta última hace presente al derecho de resistencia. Se supone el apego al orden político existente, y la disconformidad se refiere a un aspecto puntual del orden jurídico. Constituye un derecho humano irrenunciable e indeterminado, garantizado en su vigencia y efectividad por la norma supraconstitucional de respeto a los derechos del hombre y del ciudadano. Cuando se origina la desobediencia civil existe cierta compatibilidad entre el ejercicio de la desobediencia y la vigencia de un régimen democrático que garantiza la existencia de libertades, derechos y garantías a todos sus ciudadanos.

La desobediencia no es un obstáculo al proceso de consolidación de la democracia en la medida que ella puede desencadenar dinámicas especialmente pacificas en contextos de fragilidad institucional. Lo que sigue es un intento por demostrar que, contrariamente a lo que se piensa habitualmente, los actos de desobediencia civil son parte de un estado de derecho democrático y se desarrollan en sociedades maduras que logran procesar sus conflictos aceptando que las leyes e instituciones legalmente establecidas pueden "fallar" admitiendo un espacio para la construcción de interpretaciones distintas a las predominantes que, sin embargo, pretenden ser consideradas pacíficas y justas. Cuando existen estas manifestaciones que ponen en riesgo la estabilidad social y política de un Estado es imprescindible restituir el orden constitucional, anulando las disposiciones jurídicas ilegales, evitando la confrontación y la violencia que pueden ocasionar desenlaces trágicos con resultados que afecten a la convivencia social y democrática de un país.

(*) Ingeniero