Parlamento de Nicaragua cancela a otras cinco ONG en medio de crisis

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El Parlamento de Nicaragua canceló hoy (ayer) de "carácter urgente" la personalidad jurídica a otros cinco organismos no gubernamentales, para sumar nueve en las últimas dos semanas, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega desde abril.

Esos organismos son el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), fundado y dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), y quien dirigió el diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su primer régimen (1979-1990).

La Fundación Popol Na que es presidida por Mónica Baltodano, una exguerrillera sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza, formó parte del primer Gobierno sandinista, luego diputada cuando el FSLN era oposición, y acompañó al presidente Ortega cuando fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narvaez.

También la ambientalista Fundación del Río, misma que alertó a la sociedad nicaragüense de las dimensiones reales del incendio de la reserva Indio Maíz en abril pasado, que calcinó unas 5.945 hectáreas de bosque virgen, previo a la crisis sociopolítica en la que está sumergida el país.

Asimismo, la ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias, que defiende los derechos de las mujeres y promueve el desarrollo en el Norte de Nicaragua.

El Parlamento nicaragüense, controlado por los sandinistas, quitó el estatus legal a esos organismos basado en un informe del Ministerio de Gobernación que los acusa, entre otros, de formar parte de un grupo de ONG que apoyaron "el fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en abril.

Según el Ministerio de Gobernación, esos organismos incumplieron "gravemente sus obligaciones legales" y sus estatutos al haber "desnaturalizado su personalidad jurídica", "alterar el orden público", "realizar acciones para desestabilizar el país" y "afectar la seguridad ciudadana".

También por "facilitar fondos para la comisión de actos terroristas", lo cual fue rechazado por cada uno de esos organismos, que pusieron a disposición sus libros contables.

Los legisladores sandinistas señalaron a esas ONG de actuar "como partidos políticos", pedir en el exterior sanciones contra el Gobierno, y potencializar una campaña contra el Estado y contra el Ejecutivo.

"Estos organismos en algún momento defendieron la ideología sandinista y si siguieran defendiendo al régimen no estarían decapitados", dijo, por su lado, el diputado liberal opositor Miguel Rosales, que denunció "una guillotina legislativa" en Nicaragua.

Fuente: Managua, 13 (EFE)