Lo que se espera es el cumplimiento de una medida "fiscalizadora" del movimiento de ciertas cifras de dinero, que en muchos casos sin justificativo legal de su origen son parte de "fortunas" de algunas personas vinculadas a negocios ilícitos y/o relacionados con ciertos niveles de la "política sucia".
La información que señala a los notarios de fe pública la obligación de reportar ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) cualquier movimiento "sospechoso" en la compra venta de bienes inmuebles en el territorio nacional, investigar el origen de los recursos para realizar las transacciones mencionadas. Algo que llama la atención es el límite de jurisdicción de los negocios que estarían circunscritos a "territorio nacional". ¿Qué pasará con las que se hagan fuera?
Sobre el tema también se pronunciaron especialistas en la materia, economistas en la mayor parte, señalando que se trata de una medida política arbitraria al pretender controlar transacciones inmobiliarias. Hay abuso en la disposición del Ministerio de Economía, según señalan los analistas, a lo que el titular de esa cartera de Estado, respondió que el informe de los notarios tendrá que ver con "movimientos que se hagan en efectivo y sean superiores a los 300.000 dólares", un monto considerado llamativo y de manejo irregular.
En criterio de algunos especialistas "la pretensión del Gobierno es someter al ámbito penal a los opositores que detenten fortunas para la propiedad de viviendas o inmuebles sospechosos del lavado de dinero o que puedan provenir de actividades mayores relacionadas de algún modo con el narcotráfico". Por lo demás se estima que una transacción de compra y venta de un inmueble se trata de una simple acción ciudadana particular en la que no puede ni debe intervenir ninguna fiscalización?salvo que la misma exceda ciertos límites financieros, convirtiéndose en un negocio ilícito".
Se aclara que "no es aceptable que el Gobierno pretenda confundir un hecho que corresponde al ámbito civil - comercial, al penal, como si fuera un delito cuyo juzgamiento corresponde a la Ley 1008", crease o no todavía en vigencia, el tema salta a la palestra, pasará por el sistema digital y promoverá cuestionamientos como los que ya se publican y hacen referencia a que "la medida debe comenzar a ser aplicada por casa" donde hay muchas fortunas "descontroladas".
La UIF por otra parte tendrá las facultades necesarias para ejecutar tareas de fiscalización, en todo nivel, dadas las características de un ilícito que tiene trascendencia internacional, cuando se mencionan hechos de corrupción y lavado de dinero, en círculos políticos de alto nivel, mostrando casos patéticos de alguna gente que sin "fuentes seguras de ingreso de recursos" aparece como propietaria no sólo de viviendas, más bien de edificios y costosos vehículos".
Los notarios de fe pública, serán capacitados para manejar el asunto bajo normas de respeto a la propiedad, pero con el derecho de buscar autenticidad de los datos que sean necesarios investigar en materia de la procedencia de fortunas, pues nadie estará libre de sospechas, pero mientras no existan las pruebas pertinentes no se pueden crear falsas conclusiones, si la procedencia de capitales, es producto de esfuerzo, trabajo responsable y administración insobornable.
Muchas personas realizan en el tiempo actual "grandes negocios" y el vecino común, se admira de una meteórica exhibición de bienes, que por supuesto son difíciles de justificar, cuando de por medio flotan algunos vínculos políticos. En esos casos indagar el origen de fortunas se justifica.
Fuente: LA PATRIA
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