Presentamos en esta oportunidad, una serie de artículos referidos a los programas de gobierno de los diferentes partidos políticos (de los más importantes, según mi criterio) que intervendrán en las elecciones primarias. Los mismos estarán referidos específicamente, a algunas consideraciones generales y a la propuesta económica.
El presente artículo está referido al programa de gobierno de una opción política nueva, denominada Comunidad Ciudadana, a la cabeza de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza.
En una primera parte nos hablan de algunas características sociales heredadas que todavía perviven en nuestros días: patriarcado, colonialismo, centralismo y caudillismo. Las mismas provocan además algunas consecuencias, como: patrimonialismo, corporativismo, prebendalismo y clientelismo. En este ámbito, pervivieron instituciones excluyentes y se instauró una visión inviable de desarrollo sustentado en un patrón extractivista.
Asimismo, hace mención al 21 de febrero de 2016, donde el pueblo boliviano ratifica su voluntad de impedir la reelección de sus gobernantes actuales, exigiendo un cambio de régimen, frente al despilfarro prebendal, la corrupción, la ineptitud, el autoritarismo y la impostura que caracterizaron al "proceso de cambio".
Comunidad Ciudadana es una opción política de largo aliento destinada a instaurar en el país un Gobierno de Ciudadanos. La misma constitución de esta opción política confirma a la ciudadanía como una cualidad integral que no establece diferenciaciones demográficas y que integra al mundo urbano y al mundo rural, reivindicando la conciencia individual, las potencialidades creativas de la persona y la certeza del ejercicio de sus libertades con el derecho a su identidad plena.
Por otra parte, el nuevo Estado deberá incluir en su diseño y funcionamiento, la nueva generación de derechos, además de los derechos humanos reconocidos, situándolos en sus tres dimensiones: lo individual, lo colectivo y lo ambiental. Las mismas, serán traducidas en unos Pactos.
Un Pacto Democrático expresado en un Estado de Derecho, sustentado en la normativa de derechos humanos, la separación de poderes, justicia independiente, democracia intercultural y un compromiso ético en la política y la gestión pública.
Un Pacto por una economía en armonía con la naturaleza, que promueve una diversificación productiva que supere el extractivismo, que dé empleo digno y no supere las capacidades regenerativas de los ecosistemas.
Un Pacto por una nueva relación entre el Estado y la gente, que desconcentre el poder estatal, devuelva el gobierno a la gente, que haga realidad la autonomía plena y que permita a los gobiernos regionales y municipales contar con los recursos necesarios para atender las necesidades de los ciudadanos.
Apuntan también, que el Gobierno de ciudadanos garantiza los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, facilitando la prosperidad y el bienestar.
Referente a cuestiones que tienen relación con la economía y la inversión pública, hacen mención a una reforma del órgano rector de contrataciones estatales, con la idea de que sea independiente del poder político, de manera que asegure la transparencia, la libre competencia, la sostenibilidad ambiental, la justicia y la ecuanimidad, otorgando garantías a los participantes, con una posibilidad real de impugnar procesos de contratación, así como la participación prioritaria de empresas y profesionales bolivianos. Asimismo, se impondrán sanciones drásticas a quienes transgredan las disposiciones expresas establecidas.
Entrando ya a la temática económica, manifiestan que la economía boliviana debe abandonar gradual y responsablemente el modelo extractivista y su dependencia a los combustibles fósiles, propendiendo hacia una transición a energías renovables y limpias. La falacia de Bolivia, como "corazón energético de la región" será sustituida por una estrategia realista.
En este proceso de cambio de matriz energética se deberá atender y compensar los impactos derivados de la menor incidencia de los impuestos y regalías hidrocarburíferas y su impacto en los ingresos de las regiones.
Por otro lado, se debe superar la arcaica discusión entre estatismo y libre empresa para construir un modelo mixto y verdaderamente plural, se debe sustituir la lógica de los "polos de desarrollo" por modelos de desarrollo económico local adaptados a las condiciones biofísicas locales.
Se rearticularán los actores económicos: El Estado (manejando el sector estratégico y promoviendo la diversificación productiva), el mercado y la sociedad civil (inversionistas del sector privado nacional e internacional, pequeña y mediana empresa, asociaciones, emprendedores y otros agentes económicos), coordinarán e implementarán la diversificación y la democratización de la economía, articulado en un Consejo Económico Social, como instancia de representación de organizaciones sociales, gremios y municipios.
Este objetivo de cambio de modelo se logrará mediante una combinación de políticas macroeconómicas y políticas sectoriales, mejoras en la infraestructura de transportes y comunicaciones, acuerdos público - privados, cualificación de la fuerza de trabajo, de manera que se cuente con las habilidades y conocimientos necesarios para una inserción en empleos de calidad, densificando y fortaleciendo la trama productiva nacional.
La movilización de los recursos financieros se hará tanto desde el sector privado, con regulaciones para un financiamiento fluido del sistema financiero, como desde el sector público, con ingresos provenientes de una tributación que recaude adecuadamente, pero sin penalizar a los esfuerzos privados.
Respecto a la estabilidad macroeconómica, se debe reducir el actual elevado déficit fiscal, reduciendo el índice de ineficiencia de gasto público y mejorando los controles para evitar las filtraciones en las transferencias monetarias. Por otro lado, se buscará la más amplia participación de Bolivia en el comercio internacional y en los acuerdos regionales de integración, con el propósito principal de incrementar nuestras exportaciones no tradicionales, particularmente las de manufactura.
En referencia al sector minero, este debe adecuarse a las necesidades sociales y ambientales, enfrentar una innovación tecnológica donde se requieren nuevas normas en cuanto al régimen regalitario y de impuestos, que compatibilice el interés nacional con la inversión privada local y extranjera.
En el sector de agricultura y ganadería, se debe propender a la seguridad alimentaria con la producción de alimentos sanos, priorizando el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, proporcionando facilidades crediticias, sistemas de acopio y distribución, acceso a tecnologías, insumos y maquinaria. Asimismo, se trabajará por mejorar la productividad y el rendimiento de los cultivos y de la ganadería, en lugar de aumentar irresponsablemente la frontera agrícola.
En cuanto a la industria manufacturera, que es responsabilidad principalmente del sector privado, es claro que su espacio no debe ser invadido por empresas estatales que producen competencias desleales; y, por otro lado, la estructura arancelaria - cambiaria, debe tener como cometido la protección a la producción nacional.
Por último, anuncian que corresponderá al Estado, a través de alianzas público - privadas, desarrollar estándares de calidad, certificaciones de productos, procesos y sostenibilidad socioambiental, denominaciones de origen, marca país y otras iniciativas que mejoren la competitividad de los productos bolivianos, especialmente para mercados externos.
El presente programa de gobierno, no creo que se constituya en una versión acabada de su propuesta, en vista del adelantamiento de la contienda electoral con las elecciones primarias a la vuelta de la esquina. Tampoco podemos afirmar que en su contenido presenta propuestas innovadoras, sino más bien, medidas de ajuste de políticas fallidas en estos últimos doce años.
En realidad, tenemos un programa de gobierno; que, según mi criterio, recoge varias propuestas que se han venido manejando durante estos doce años del actual gobierno. En general considero que lo planteado es consistente y coherente con la teoría económica y con las necesidades del país. Sin embargo, el reto no está en el planteamiento de políticas económicas y sociales, sino más bien en su implementación. Lo que debe quedar claro para todos los bolivianos es que se debe enfrentar de manera eficiente la diversificación económica, la generación de empleo y el incremento de la producción y nuestras exportaciones, dejando de lado el modelo extractivista que ya es como una maldición que perdura a través de la historia boliviana.
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