Participación regional en industrialización a través de un nuevo pacto fiscal

Siempre hemos comentado de la importancia de dar el segundo paso en la industria de hidrocarburos: de la exportación de materia prima a la producción de valor agregado de gas natural en sus diferentes facetas y posibilidades que la industria ofrece.

Adicionalmente se han planteado, desde ésta columna, posibilidades de gerenciar y administrar los recursos que genera los negocios en hidrocarburos en proyectos de infraestructura energética, para evitar su despilfarro en gasto. Y en ese orden se han pergeñado un sinfín de fórmulas de distribución y redistribución de ingresos fiscales que provengan a actividades por hidrocarburos. Se han planteado fórmulas en donde participen las gobernaciones y el Estado central en éste nuevo paradigma que se abre para el país: nuevos negocios en energía e hidrocarburos y sus derivados por las próximas décadas.

Más aún ahora es importante el tema de ingresos fiscales -y su distribución entre gobierno central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales- ya que están en la antesala de discusión de dos leyes importantes que van a diseñar la nueva arquitectura del Estado boliviano: la ley de autonomía y la Ley de Hidrocarburos. Ambas leyes tienen que ver, precisamente, con ingresos fiscales.

Un nuevo “pacto fiscal” podrá establecer las fuentes de financiamiento de las gobernaciones productoras y las posibilidades de participar en diversos proyectos energéticos. Es importante que las regiones -productoras, principalmente- sean “parte” actuante de todos los procesos de producción de valor agregado del gas natural, ora como entidades “socias” participantes, como parte de financiamientos a proyectos específicos o en directorios de empresas a cargo de proyectos específicos.

Las posibilidades de industrialización del gas natural son infinitas conforme va avanzando el tiempo y la tecnología. Desde la producción de gas a líquidos -a diesel en el proceso GTL gas to liquids-, la generación de electricidad, la producción de plásticos, fertilizantes y úrea, hasta la producción de metanol y otros nuevos derivados energéticos que ya están en pleno proceso de prueba comercial en países del primer mundo. El proyecto LNG -gas natural líquido- tampoco debe ser descuidado. Todos estos proyectos de industrialización a escala requieren amplios y largos financiamientos para proyectos de larga data de duración y con contratos previamente concretados. Por ello la insistencia de una NPE -Nueva Política Energética- trasuntada en una nueva LH -Ley de Hidrocarburos- que señale ese nuevo “pacto fiscal”.

La oferta electoral siempre fue que desde la perspectiva de la “nacionalización” se llegaría al momento de la industrialización. Van ya casi cinco años de un nuevo periodo gubernativo y aún no han arrancado proyectos de escala en valor agregado.

Para ello el Estado boliviano cuenta ya con sus Empresa Boliviana Industrializadora de los Hidrocarburos (EBIH) con -por lo menos en papeles- hasta USD 300 millones que ya debieran empezar a ser bien utilizados como “punta de lanza” en perfiles de proyectos de largo plazo. El dinero para la industrialización tendría varias fuentes: dinero de la EBIH, dinero de las RIN, parte de los presupuestos de las gobernaciones y del Estado central y de socios y financiadores externos. Lógicamente armar esa ingeniería financiera requiere detalle y legalidad extremos, reglas claras y estabilidad.

Los “impuestos nacionales” convenientemente redistribuidos en el nuevo pacto fiscal sería tomando en cuenta que, por ejemplo, del 100% de las recaudaciones que se generen en las regiones, hasta el 60% se queden en las propias gobernaciones, 10% de los cuáles sean exclusivamente direccionados a proyectos del área hidrocarburos y energía. Esta distribución no toma en cuenta al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que requerirá otro tratamiento en la nueva LH.

La importancia del “involucramiento” de las gobernaciones en asuntos de energía es importante, así como tenerlas también, aunque sea, como socias minoritarias de proyectos de escala: gasoductos, plantas de refino, plantas petroquímicas, plantas de GTL, proyectos de exportación LNG, plantas de fertilizantes, termoeléctricas y otras.

(*) Máster en Administración de Empresas, ejecutivo de una compañía de servicios en industria, energía, tecnología e hidrocarburos.