Villarroel quería potenciar el agro

El desarrollo agrícola que es todo lo relativo a la agricultura, es una las fuentes y pilares de estabilidad más determinantes para la economía de cualquier Estado que pretenda no importar alimentos y fundamente su autosuficiencia logrando ese ansiado objetivo.

Retrotrayendo la historia, es pertinente citar el esfuerzo del presidente Gualberto Villarroel, cuando pretendía en una reunión sin precedentes con las comunidades y haciendas, en cinco días de deliberaciones, mejorar las relaciones laborales en la decisiva área rural de Bolivia y desarrollar el innegable potencial agrícola, todo ello, amparado con un orden legal en el campo que, tácitamente, fue depositar la ley en manos de los líderes indígenas locales, personificados en caciques, principales jefes de las haciendas, comunidades y ayllus.

Si se compara esta situación a las actuales autoridades judiciales y agentes de la ley (no todos, por cierto), se percibe notoriamente la débil y corruptible estructura moral para asumir esa dimensión de responsabilidad, cuya distorsión y manipulación afecta gravemente al pueblo.

Por ello, sin desmerecer el noble intento de Villarroel de potenciar y modernizar el agro, parece irónica su actitud, pues queda la interrogante del apoyo incondicional que depositó a un congreso indígena y afirmó el poder de las propias autoridades indígenas, de donde surgieron, llamando poderosamente la atención, vínculos ambivalentes, que a la vez son integrales, entre el proyecto revolucionario con raigambre populista de la década de 1940 y una profunda historia de movilizaciones indígenas.

El proyecto se asociaba más con un programa de asimilación que se copió en la hispanización, con la propiedad privada y la identidad mestiza o campesina, pero no indígena, entonces se privilegió a mestizos como presunta estructura de unidad y fortaleza nacional.

Se estableció por decantación e intereses de los dirigentes nacionales del partido gobernante, una lamentable diferenciación entre los derechos de los indígenas y los no indígenas, además de considerarlo un medio válido para la creación de un orden legal.

A tal punto de disenso llegaron estas concepciones sobre la unidad étnica que, inclusive algunos prominentes políticos de la época, naturalmente populistas, concluyeron que la incorporación de los indígenas era una meta imposible o hasta peligrosa. Realmente un dislate. Finalmente, los diálogos acerca de la ley fueron los ámbitos donde alianzas podían ser posibles entre indígenas y políticos y, también, terreno fértil para desintegrarse súbitamente. En conclusión, pese a los visionarios y contradictorios esfuerzos no se logró el objetivo que hubiese transformado la economía del país, con políticas sustentables y de incorporación constante de la modernidad en el agro.

Hoy, todo ello, con la valiosísima y vigente inclusión, la igualdad efectiva sin discriminaciones de ninguna índole, protegida jurídicamente, se debe retomar la inversión multimillonaria en el agro; así no se dependerá de las fluctuaciones y contingencias de la exportación de bienes hidrocarburíferos que, sin embargo, se posean en ingentes reservas, siempre estarán sujetas a la política y a las manipulaciones de las potencias insensibles y a sus estrategias, que elimina la soberanía de precio sobre el producto, además que nunca asignarán consideraciones a las necesidades de los pueblos.

(*) Abogado, posgrados en Interculturalidad y Educación Superior, Alta Gerencia para abogados (UCB-Harvard), Arbitraje y Conciliación, Derecho Aeronáutico, Filosofía y Ciencia Política (maestrante), doctor honoris causa (Cambridge University USA), escritor