Con una movilización abogados rechazaron detención de juez Vásquez

Con pancartas y vítores, ayer, en inmediaciones del Juzgado, miembros del foro Orureño de Abogados, exigieron la libertad del juez cautelar Nº 2, Sergio Vásquez, quien el reciente miércoles fue detenido por supuestas irregularidades en el caso "mochilas", tras haber autorizado que el imputado, alcalde electo de Oruro, Edgar Bazán, acuda a su fuente de trabajo en los horarios de oficina.

"Lo que estamos reclamando precisamente es que tengamos la capacidad de realizar todos estos elementos de investigación en el ámbito de lo que significa la ley y fundamentalmente los procedimientos que están en la ley 1970 (del Código de Procedimiento Penal), ese es nuestro reclamo y exigimos a partir de esto que se respete la profesión de la abogacía y que también se respete la investidura de los órganos judiciales como son también los jueces", señaló el presidente del Colegio de Abogados de Oruro, Saúl Fuentes.

"Cuando se inicia una investigación, no podemos hacer de manera ignominiosa la intervención de cualquier asiento judicial", añadió.

Antes de la medianoche del reciente miércoles, el juez Vásquez fue aprehendido ante el presunto delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes luego de declarar en la Fiscalía por el caso "mochilas", con respecto a la compra de 41 mil mochilas chinas en tres millones de bolivianos.

De acuerdo a la explicación realizada en horas precedentes por el director de Lucha Contra la Corrupción del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, César Romano, la toma de declaración informativa y aprehensión fue realizada tras ser sorprendidos con una notificación de auto interlocutorio emitido por Vásquez, donde dispuso por "puro derecho" la modificación de medidas cautelares para Bazán, otorgándole salidas laborales.

Al respecto, Vásquez señaló que, según sus atribuciones, actuó en cumplimiento al artículo 240 numeral uno párrafo segundo y el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, norma que autoriza al imputado a acudir a su fuente de trabajo en horarios de oficina, además de la acreditación de su habitualidad.

"Yo no he cometido ningún delito, la resolución ha sido mal entendida, puesto que también el Ministerio Público me ha pedido con anterioridad ese tipo de autorizaciones para el imputado Bazán, el Viceministerio de Transparencias también me ha solicitado ese tipo de autorizaciones, yo he concedido y no han dicho nada frente a eso, la resolución es clara cuando manifiesto que no tengo facultades, capacidad o competencia para autorizar su retorno o su restitución como alcalde", manifestó.

Fuente: LA PATRIA