Justicia acorralada

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Fueron varias horas que el juez Cautelar Nº 2, Sergio Vásquez estuvo en el Ministerio Público presentando su declaración informativa por presuntas irregularidades en el manejo de la justicia en el caso "mochilas", en el que está implicado el alcalde suspendido de Oruro, Edgar Bazán. Anoche, antes que termine el día se conoció que la autoridad judicial fue aprehendida, por los presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Para todos fue una sorpresa, durante las primeras horas de la tarde de ayer, que la Policía haya intervenido el Juzgado Cautelar Nº 2, en el propio Tribunal Departamental de Justicia. Allí, el juez mencionado fue arrestado y conducido a dependencias del Ministerio Público. Su juzgado fue precintado.

TRANSPARENCIA

Durante su explicación, señaló que recibieron una notificación de un auto interlocutorio emitido por el juez Vásquez, que hace referencia a la modificación de una medida cautelar sustentada en el proceso penal contra el suspendido alcalde Edgar Bazán Ortega, en el caso de la compra de mochilas chinas.

Añadió que la compra de las mochilas fue en un número de 41 mil por tres millones de bolivianos, que, en vez de hacerlas en Bolivia, como apoyo a la producción nacional, se las hizo del extranjero, situación que desencadenó en todo este entuerto.

Romano indicó que para llegar a las medidas cautelares de Bazán se pasó por una serie de obstáculos puestos por la defensa de la exautoridad edil, quien no respetó aquellas medidas que se le señalaron, como el caso de arraigo, por ejemplo.

"Se ha establecido que ejerce una gran influencia respecto a la obstaculización de conseguir los elementos que hacen a los procesos de contratación, no sólo en este proceso sino a los más de 15 procesos que tiene", afirmó.

Argumentó que el caso estuvo bajo control jurisdiccional del juez Sergio Vásquez y fueron sorprendidos por un auto interlocutorio de la autoridad judicial, en el que se dispone de "puro derecho" que modifica medidas cautelares otorgando salidas laborales a Bazán.

"Bajo ese pretexto hemos tomado conocimiento que, a su fiel estilo y conducta natural, ha pretendido asaltar la Alcaldía de Oruro (refiriéndose a Bazán). La emisión de esta resolución no es tolerable en un sistema de justicia donde existen las reglas del debido proceso", afirmó.

Añadió que una medida cautelar debe ser cambiada en una audiencia cautelar para garantizar el principio de igualdad. Sin embargo, a juicio de Romano no se respetó esa situación, que viene de una petición de la defensa técnica de Bazán, con el argumento: "que, si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral".

Afirmó que, al dar lugar a esa petición, Bazán tendría la "llave en mano" para hacer desaparecer todos los elementos e informes del proceso de contratación en el caso "mochilas". Asimismo, dijo que hubo protección de algunos jueces y vocales para la autoridad edil suspendida.

Ante ese hecho dijo que como Viceministerio se sentará un precedente a la protección que goza Bazán en los procesos que tiene en su contra.

CONSEJO

Por su parte, desde el Consejo Distrital de la Magistratura, el titular Omar Fulguera manifestó anoche que recibieron la denuncia del procurador del Estado en Oruro, Raúl Serrano por presuntos actos irregulares en el Juzgado Cautelar Nº 2, dirigido por el juez Sergio Vásquez.

"Aparejaron pruebas y documentación. Ante ese hecho, el Control de Fiscalización de la Magistratura ha presentado la denuncia contra el juez Vásquez por la falta disciplinaria de omitir, negar, retardar la tramitación de asuntos a su cargo o la prestación de servicios que él está obligado", puntualizó al establecer que el proceso administrativo está bajo competencia del Juzgado Disciplinario Nº 1.

Al cierre de edición se supo que el juez Vásquez junto a un funcionario de su despacho fueron aprehendidos.

Fuente: LA PATRIA