Es importante establecer un nivel de autoridad en la asignación de responsabilidades a ciertas personas por parte de una mayoría de los ciudadanos del país o de los departamentos, estableciendo de ese modo un sistema de representatividad que sin ser bueno es ineludible.
Por ahí va el derecho ciudadano a elegir democráticamente a las autoridades aunque circunstancialmente pueda equivocarse y elegir no precisamente entre los buenos al mejor, talvez sólo al más audaz o finalmente al que hábilmente invirtió para mostrar una imagen que se diluye en el ajetreo político.
Lo cierto es que vivimos en un sistema de “representatividad permanente”, tan radical que bajo diferentes formas de participación llegamos al mismo objetivo de elegir entre unos pocos a los que representarán a muchos miles.
La metodología es rutinariamente la misma con algunas mejoras tecnológicas que pueden abreviar tiempo o aparentemente garantizar la voluntad del voto ciudadano, pero al final los más daremos nuestra representatividad a los menos, esos ciudadanos que al ser electos asumen una grandísima responsabilidad que en algunas instancias no la quieren entender o reconocer.
Todos los candidatos de cualquier partido, movimiento, institución u otro tipo de organización se muestran como los más diligentes, responsables, limpios y hasta decididos al sacrificio por servir al pueblo. Todo un esquema electoral que cambia abruptamente cuando el “tal representante” se convierte en autoridad y asume ese papel, olvidando que llegó al cargo por la voluntad de una cantidad de mandantes que confiaron en alguna de sus publicitadas habilidades y quién sabe algo de sus capacidades.
Los soberbios candidatos convertidos en parte del aparato de la burocrática y pesada administración pública se dan modos para querer imponerse frente al pueblo, el soberano que los eligió y al único que le deben respeto y por tanto servicio permanente.
Eso es lo que debe quedar claro tan significativamente importante para que no se tuerzan los valores de la representatividad y el mutuo respeto que debe existir entre los representantes del pueblo y aquellos con los mandantes a través de los canales más directos en las instituciones del aparato público llámense Asambleas, Gobernaciones y su Consejo o Alcaldías y también sus concejales, en una escala que no representa nada más que un marco de estructura de servicio coyuntural y no de autoritaria alternativa para demostraciones de soberbia o de temperamentales arranques de egolatría.
Queda establecido que los “representantes del pueblo” en cualquier escala de la estructura política nacional, departamental o municipal se deben al pueblo, a los mandantes o más claro “al soberano” y a nadie más, por tanto deben recordar que sueldos millonarios, otros de menor cuantía, dietas y demás beneficios los paga el pueblo, por tanto en esa jerarquía valorativa no hay medias tintas, todos, absolutamente todos los funcionarios públicos son empleados del pueblo, al que deben atenderlo prontamente y respetarlo permanentemente. Todo es cuestión de ubicación y los novatos deben aprender sus responsabilidades, sin perder de vista la jerarquía del que manda y el respeto que merece.
Fuente: LA PATRIA
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