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Domingo 11 de noviembre de 2018

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Revista Dominical

Ineficiencia y corrupción

11 nov 2018

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Transparencia Internacional, que es una institución que publica cada año un estudio sobre la percepción de corrupción en los países, daba a conocer que para 2017 Bolivia descendió 14 escalones y se ubicó el puesto 113 de 180 países. En 2013 ocupaba el puesto 106 y en 2015 llegó al 100.

Bolivia se ubica entre los países más corruptos a nivel continental.

Lamentablemente el problema de la corrupción; en muchos casos, se encuentra dentro de la misma estructura del Estado y ha subsistido por décadas o quizás desde la misma fundación de la república, en el caso boliviano.

En el presente artículo revisaremos algunas aproximaciones teóricas acerca de este fenómeno, enfocándonos en las causas de la corrupción y sus efectos, especialmente en la pérdida de eficiencia por parte de las instituciones o empresas estatales.

Según varios textos que tratan sobre el fenómeno de la corrupción, podemos retratar el siguiente proceso que configura un escenario propicio para este tipo de actos:

Para que se genere el proceso de corrupción se deben cumplir algunas condiciones previas. En un país debe existir un excedente de rentas, lo cual implica; como en el caso boliviano, un auge económico, debido en este caso a los precios altos de las materias primas. En el país aparecen nuevos grupos políticos que ascendieron al poder, cuya característica es ser un partido de masas que representa a grupos étnicos "desfavorecidos", pero que tienen prácticas clientelares. Dichos individuos conllevan el deseo de crear nuevas estructuras para cambiar el país. Además, concentran el poder o lo centralizan, enfrentando así, un periodo de transición que implica "nuevas reglas", y que también, por lo tanto, crea nuevas oligarquías. Caso ya estudiado con la experiencia de varios países.

La teoría de la realidad no dista mucho. Hace doce años surge una fuerza política abanderando el cambio y la representación de los indígenas, especialmente de la clase de cocaleros del trópico de Cochabamba, constituyéndose en un verdadero partido de masas. Proponen cambiar las estructuras, lo que incluye una nueva Constitución Política del Estado, y por supuesto, la posterior transición de la República al supuesto Estado Plurinacional, lo cual implica, además, una debilidad respecto de la legislación. En el contexto internacional suben los precios de las materias primas y el gobierno se beneficia de ingentes cantidades de dinero a su disposición, por lo que el instinto animal de la búsqueda de rentas se exacerba en los personeros de gobierno.

En realidad, todo se encuentra preparado o existe el caldo de cultivo para prácticas corruptas.

Respecto a las condiciones adecuadas para los actos de corrupción, podemos mencionar algunas.

Incorrecta regulación de mercados, que incluye, vacíos legales, falta de procedimientos administrativos, y en general, burocracia. El gobierno interviene en el mercado de manera inadecuada, incentivando la creación de monopolios, la creación de costos de transacción elevados, pérdidas de bienestar, impuestos regresivos y otros.

Por otro lado; es posible que se dé una excesiva regulación. En algunos casos, la autoridad ejerce demasiada presión para el pago de impuestos, multas u otros. En otras palabras, es muy probable que, a mayor presión, se dé mayor evasión y corrupción. Recordemos, además, que Bolivia es considerada a nivel mundial, como un infierno fiscal. Se desincentiva a la empresa privada y se crean empresas públicas, con el afán de controlarlo todo.

Asimismo, si el beneficio que se recibe por el acto corrupto es mayor al costo de ser descubierto y castigado, se da con mayor facilidad la corrupción. Por supuesto, esto se encuentra muy relacionado con el sistema judicial, no sólo por la falta o la ineficiente aplicación de la norma, sino también por el poder político que incluso compra a funcionarios del Poder Judicial.

También se da la corrupción si existe una falta de delimitación entre lo público y lo privado. Todos los días en el país, miramos cómo funcionarios de Estado utilizan carros, aviones y helicópteros para uso personal, dado que claramente no hay una delimitación entre lo que es del Estado como tal, y lo privado. El gastar fondos para viajes o reuniones de sectores sociales tampoco cumple con el buen uso de los fondos del Estado.

Por último, con seguridad los derechos de propiedad no están bien establecidos. El Estado y sus empresas, así como el fenómeno de corrupción, deberían ser estudiados como cuando se estudia en medio ambiente, la tragedia de los comunes, o bienes y servicios de acceso común. Estas teorías tienen como objetivo evitar que se deprede el medio ambiente. Para nuestro caso, lo mismo sucede con el Estado. La empresa es del Estado, y como el "Estado somos todos", no queda claro a quién pertenece, y, por lo tanto, las ganancias y cualquier transacción son susceptibles de ser corrompidas, ya que todos se creen con derecho sobre la misma. Se termina saqueando la empresa, volviéndolas ineficientes y llevándolas a la quiebra.

En el gráfico I, se presenta un gráfico que resume los efectos del proceso de corrupción, así como los resultados en la economía, que a mediano plazo se constituyen en una gran pérdida social.

Siguiendo con nuestro relato, las prácticas clientelares con sus grupos de poder o grupos sociales, ya son muy comunes y generalizadas, por lo que estos grupos se constituirán en una nueva oligarquía. En realidad, todos estos efectos son nefastos para la economía, roban de frente al pueblo y al parecer hasta la moral de la sociedad en su conjunto está torcida.

Lo malo es que dicho comportamiento quita las posibilidades de sostenibilidad de la economía, dado que las empresas e instituciones estatales se convierten en deficitarias e ineficientes. Es así, que la creación de empresas estatales debería estar precedida por estudios económicos que confirmen su factibilidad, sin embargo, sabemos que esto no ocurre así y las decisiones más bien, son siempre políticas. Adicionalmente, sabemos que sólo el Estado debe ser dueño de algunas empresas de bienes públicos o estratégicos para el país, y no así, de cualquier tipo de bien de mercado, ya que resta la competitividad al mismo, y compite deslealmente con empresas del mismo rubro.

Lamentablemente, ejemplos sobran en el país. Muchos afirman que por lo menos en este gobierno se están haciendo cosas, hay obras y hay empresas. Sin embargo, creo que ese argumento es mediocre, porque los bolivianos no queremos solo que se hagan algunas cosas, sino que se las haga bien y no se robe.

En este sentido, podemos citar una publicación de Página 7 del 10 de mayo de 2017 que daba a conocer que el déficit acumulado de las empresas públicas en los últimos años alcanza a 8.351 millones de dólares. Para que nos demos cuenta de esa gran pérdida para todos los bolivianos, supongamos que un pequeño empresario invierte 20 mil dólares en un negocio y puede dar empleo sostenible a 5 personas. Si esto hubiera sido así, se podían crear con ese gran monto más 400 mil empresas y crear empleo para más de 2 millones de personas, sin embargo, este dinero se perdió. Por otro lado, con esta pérdida se podía dar un bono de 2 mil bolivianos, por cinco años a medio millón de personas. Esto por supuesto demuestra la gran ineficiencia de las empresas y de las inversiones del Estado. ¿Estamos dispuestos a perder tanto dinero, gracias a la ineficiencia y la corrupción?

En 2014, un estudio de la Fundación Milenio determinó que de las nuevas 14 empresas estatales establecidas en Bolivia, solamente una reportaba superávit. En total, las otras 13 arrojaban pérdidas, pese a que demandaron unos 2 mil millones de bolivianos, y solo generaron 250 empleos. Cada empleo costó 800 mil bolivianos. Qué gran lujo, ¿no?

En la Planta de Cloruro de Potasio, según Juan Carlos Zuleta, se está dando empleo a 210 personas, lo que implica que cada empleo cuesta al Estado o a los bolivianos 1,5 millones de dólares, para que encima sea una empresa que recupere son suerte su inversión en 15 años. Realmente somos millonarios, ¿no?

El ingenio azucarero de San Buenaventura que costó 270 millones de dólares, prácticamente no ha funcionado, dado que no se garantizó la materia prima. Se supone que este proyecto, si funciona podría dar empleo a 5 mil personas, o sea, que cada empleo costará 54 mil dólares.

En cuanto a los casos de corrupción, son conocidos los casos del Fondo Indígena, Entel, YPFB, Programa Evo Cumple, Banco Unión y muchos más.

Por último, y para no seguir dando ejemplos de empresas ineficientes o casos de corrupción, el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) publicó un estudio de Luis Carlos Jemio, donde se analizó que entre 1990 y 1998, en promedio, una unidad de inversión pública, medida como porcentaje del PIB, estaba asociada a un crecimiento del PIB de 0,54 %. La tasa de inversión en ese periodo fue de 8,4 % del PIB. Este coeficiente se redujo en el periodo 1999 - 2005 a 0,30 %. Durante el periodo de bonanza (2006-2013) aumentó a 0,39 %, mientras que en periodo post bonanza (2014-2017) la relación bajó a 0,27 %.

Con seguridad, si seguimos apostando a la inversión pública, los resultados cada vez tendrán menor efecto. La corrupción y la ineficiencia nos están llevando a la ruina, y cada vez se hace más claro que despilfarramos los recursos y perdimos la mejor época con precios altos e ingentes ingresos�una prueba más de la mediocridad y el subdesarrollo.

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