Procesos "dormían" por más de dos años en despachos de dos jueces

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En total 14 procesos estaban paralizados y no eran atendidos por dos jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, según la investigación que hizo el Consejo de la Magistratura. Esos servidores "de la justicia" serán procesados por incumplimiento de deberes y retardación de justicia.

El encargado Departamental del Consejo de la Magistratura en Oruro, Omar Fulguera Gonzales manifestó en horas precedentes que, mediante el personal de la Unidad de Control y Fiscalización, durante un trabajo de rutina, realizado en los diferentes juzgados como en las salas penales, se detectó retardación de justicia.

Indicó que en la Sala Penal Primera se estableció que se tienen 14 procesos con diferentes apelaciones incidentales y restringidas que las autoridades judiciales no resolvieron en su momento.

"Esos dos vocales son Bernardo Bernal Callapa y Beatriz Cortez, tenían el plazo de diez días para resolver las apelaciones incidentales y 20 días las apelaciones restringidas, pero estas autoridades no resolvieron estos procesos durante mucho tiempo, algunas de las causas datan de la gestión 2015", aseguró.

Ante esa situación, la Unidad de Fiscalización remitió un informe al Consejo de la Magistratura Distrital Oruro y en conjunto, el 24 de octubre se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de retardación de justicia e incumplimiento de deberes a esas dos autoridades.

DENUNCIAS

Por ahora esas dos denuncias están en Plataforma de la Fiscalía en tuición de un fiscal analista. Posteriormente, pasarán a un fiscal de materia, cuando el Consejo de la Magistratura pedirá la inspección a los despachos de las autoridades judiciales aludidas, para que se recabe mayor información.

Según la explicación de Fulguera, el personal de la Unidad de Control y Fiscalización hizo un trabajo de muestreo.

"Si se van a encontrar más procesos con retardación, serán seguramente ampliadas en la investigación", añadió.

Argumentó que cuando existe retardación de justicia, cualquier funcionario está en la obligación de denunciar ante la autoridad competente, en este caso, al Ministerio Público.

Fuente: LA PATRIA