En anteriores días, el gobierno dio a conocer que este año se pagará el segundo aguinaldo, en vista de que se alcanzó un crecimiento del PIB de 4,61 %, superior al requerido por la norma. La medida causó demasiada polémica, en vista de que atravesamos un periodo de desaceleración en la economía. En el siguiente artículo se exploran e identifican algunos efectos del segundo aguinaldo sobre la economía boliviana, puntualizando en la economía orureña, los cuales mencionamos a continuación.
La intervención del Estado en la economía provoca distorsión del mercado, causando pérdidas y un desorden en la misma.
En primera instancia, cualquier aumento salarial o en este caso el segundo aguinaldo, debe ser proporcional a la productividad del trabajo. En otras palabras, definido por las fuerzas de mercado. La empresa debe decidir un aumento salarial o un bono extra, de acuerdo a la productividad y a los niveles de ganancia (oferta), siempre y cuando la demanda pueda absorber la producción existente en el mercado, al precio ofertado. En este caso, dicho aumento o pago de aguinaldo extra es una medida impuesta y no una que nace del juego de mercado.
Cuando esto es así, el mercado se distorsiona y el resultado es la pérdida de eficiencia en la asignación de recursos. Una medida de este tipo descordina la economía, la demanda y la oferta que se encontraban en equilibrio se desfasan, generando una sobreabundancia en algunos sectores favorecidos, y crisis en otros que son pequeños o que no crecieron en la misma medida. Se generan pérdidas en bienestar que son de distinta magnitud, según las características de cada sector.
Después del pago del segundo aguinaldo, por un lado, el empresario no identifica correctamente la necesidad de los consumidores, dado que tienen un ingreso extra que están dispuestos a gastar, lo cual puede crear una seguridad donde en realidad hay un riesgo, lo cual provoca errores respecto a la planificación de los negocios; por el otro, el consumidor tiene un efecto ilusorio de riqueza incrementada, que al ser momentánea y no parte de su ingreso permanente, en vez de planificar el gasto, va al mercado y hace notoria su mayor demanda, por lo que los precios de varios artículos suben (inflación). Como afirma el economista Mauricio Ríos, se quita demasiado a unos y se da demasiado a otros, por lo que se crean en la economía burbujas de activos con falsas expectativas de sostenibilidad de largo plazo.
Esta distorsión en el mercado, al provocar pérdidas e ineficiencia por parte de las empresas, puede provocar el cierre de las mismas en el mediano plazo.
Asimismo, los aumentos constantes en el salario mínimo y el doble aguinaldo encarecen la contratación y crean desempleo, dado que el salario fue impuesto por encima de la productividad del trabajo de muchas de las empresas, lo que termina a la larga en una disminución de sueldos o recortes de personal, o que la empresa migre a la informalidad o finalmente se cierre. El problema de la economía boliviana es que ya siente el efecto acumulado de este tipo de medidas, prueba de ello es la evidente desaceleración de la misma. Es claro, que no puede existir una economía en el mundo que pueda apoyar su crecimiento en la demanda o el consumo, sino que más bien, el crecimiento sólo puede ser provocado por la capitalización del ahorro hacia la producción que después se consume.
En este mismo orden de ideas y para colmo de males, el incentivo al consumo por parte de este tipo de medidas no vuelve al bolsillo de los empresarios, ya que para aminorar el efecto inflacionario el gobierno promueve la apertura de los mercados internacionales, por lo que las personas compran más importaciones, hecho que incrementa los riesgos de quiebra de muchas de las empresas. El caso de Oruro es preocupante, ya que en 2015, las importaciones eran dos veces superiores a las exportaciones, en 2016 tres veces mayor, y en 2017, cuatro.
Por último, este tipo de medidas no sólo distorsiona el mercado de bienes y servicios, sino también, provoca problemas en la administración pública, debido al cambio de partidas presupuestarias, la insuficiencia de recursos y la discontinuidad en lo planificado, pudiendo llegarse a casos en los que disminuyan incluso los fondos de inversión para incrementar el gasto corriente y cumplir con la norma.
Provoca una mala redistribución de recursos, dado que las desigualdades entre regiones y sectores son muy marcadas.
El 2 % de las empresas genera el 80 % de las ganancias, pero todas deben pagar el segundo aguinaldo. En otras palabras, el crecimiento es sumamente desigual.
Sólo el 18 % de la población empleada recibe el aguinaldo y segundo aguinaldo, y el 5 % en el área rural. Los demás que viven por cuenta propia no tienen siquiera acceso a un seguro de salud, jubilación y empleo digno. Según Beatriz Muriel, del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inesat), en el caso de la agropecuaria, solo el 2,1% de la población ocupada recibirá el aguinaldo, siendo que este sector abarca el 33,7 % de la población ocupada nacional, ubicada principalmente en el área rural.
El crecimiento del PIB no es el mismo en los diferentes departamentos. Si solo tomamos como referencia el 2017, La Paz, Oruro y Santa Cruz deberían aplicar o pagar el segundo aguinaldo. Sin embargo, si nosotros obtenemos el promedio de los últimos tres años en cuanto a crecimiento de cada departamento (que nos parece más justo), La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni serían los departamentos que deberían pagar el segundo aguinaldo. Ese es el gran problema de que un promedio general y del último año, definan una política para todos por igual, cuando en verdad tienen una realidad muy diferente.
Es claro que en general hay una tendencia a la baja en el crecimiento, salvo algunos pocos casos. El caso preocupante es el de Tarija. Primero que es impensable porque es el departamento que más dinero recibe del Estado, y es el que ahora sufre una depresión severa de su economía con crecimientos negativos por varios años (ver Cuadro 1).
En el cuadro 2 se muestra el crecimiento al 2017 de los principales sectores que componen el PIB de Oruro. El de mayor crecimiento es minas y canteras con un casi 17 %, seguido del comercio. Asimismo, el sector de construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y los servicios de la administración pública, son los que sobrepasan el 4,5 % de crecimiento.
Dadas las cifras presentadas, podemos estar seguros que la disparidad no sólo se da a nivel departamental y de Bolivia, sino, al interior de las economías de cada región. La agricultura, la industria manufacturera y restaurantes y hoteles, que son precisamente los sectores de la economía intensivos en mano de obra, crecieron a tasas muy bajas.
Si se toma en cuenta el crecimiento de enero a junio de 2018 de los diferentes sectores de la economía boliviana; datos que respaldaron el pago del segundo aguinaldo (INE), comparando los mismos con el crecimiento de Oruro, se coincide en que la construcción y el comercio cuentan con tasas de crecimiento por encima del 4,5 % (5,72 y 4,78 a nivel nacional), aunque en menor magnitud en el primer caso. Asimismo, la agropecuaria y los establecimientos financieros tuvieron un importante crecimiento, cosa que no pasó en Oruro (7,53 y 5,85 a nivel nacional). Por otro lado, la minería que tuvo un pobre desenvolvimiento a nivel nacional (2,29, siendo el penúltimo sector más bajo a nivel nacional), en cambio en Oruro tuvo un importante crecimiento que superó el 16 %. Por lo tanto, o la economía de Oruro no aporta en nada a la producción nacional en el rubro de la minería, o el reportado es un dato cuestionado o dudoso, suponiendo que los otros departamentos tuvieron un comportamiento parecido al de Oruro.
Como una primera conclusión a nivel nacional, se puede afirmar que solo la Agropecuaria, Establecimientos Financieros, Construcción, comercio y comunicaciones crecieron a una tasa superior al 4,5 %, los otros siete sectores de importancia en la economía, crecieron a un menor porcentaje. Entre estos, la industria manufacturera que es la más intensiva en mano de obra (4,25 a nivel nacional y 1,44 a nivel regional) creció muy poco. Lamentablemente, el sector que menos creció a nivel nacional fue Petróleo Crudo y Gas Natural, 0,91 %, con seguridad ellos no tienen problemas para el segundo aguinaldo, siendo que tienen la escala salarial más alta del país.
Destacar también que según el reporte presentado por el INE que permitió respaldar el pago del segundo aguinaldo, podemos ver que el crecimiento del PIB a precios constantes o básicos, alcanza a 4,62 % (mayor que el PIB a precios corrientes), lo cual implica que los precios no sólo se estancaron, sino que redujeron. ¿Serán confiables estos datos?
El hecho es que desde hace algunos años, diferentes grupos de la población empezaron a desconfiar de los datos reportados por el INE, ante el miedo de un manejo político.
El Inaset afirmó que el crecimiento anual del sector agropecuario entre 2012 y 2016 es de 4 %, pero el Gobierno afirma que el primer trimestre de 2018 su crecimiento fue de 7,5 %, casi el doble. Siendo una cifra además, que rompe la tendencia registrada de los últimos 35 años (Página 7 del 18 de octubre de 2018).
Lo cierto de todo este dilema, es que la economía muestra una clara desaceleración del crecimiento, acompañada de déficits persistentes en cuenta corriente y en el sector fiscal, incremento de la deuda externa y pérdida de competitividad cambiaria y reducción también persistente de las RIN, comportamientos que se prevé no cambiarán de sentido o dirección; por lo que talvez, en esta coyuntura, es el peor momento para pensar en un doble aguinaldo, por lo menos desde el punto de vista técnico, ya que en política por supuesto, todo es posible.
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