El G-20 y Chicago años treinta

Imaginen que una banda de delincuentes impone a una ciudad su “protección”, vende drogas a mansalva, obliga a comprar productos suyos al precio que le da la gana y castiga con ferocidad a quienes no hacen su muy ilegítima voluntad. Esa situación, rememorada en tantas novelas y películas, no es desconocida. Es Chicago, años 30, Gansgsters desmadrados, poder político local corrompido, policía comprada...

¿La solución a esa situación gangsteril es dorar la píldora a los criminales y acogotar a las víctimas? En paráfrasis, eso parece que ha hecho el G-20 en su reunión de Toronto. Dorar la píldora a los responsables de la crisis para que no salgamos de ella.

Reconoce el G-20 que la recuperación económica mundial es “frágil” y “desigual”, pero aún así impone el recorte del déficit público a los países industrializados. Y, admitiendo que “hay riesgo de que el ajuste fiscal sincronizado de varias economías pueda tener un impacto adverso en la recuperación”, el G-20 se empecina en que los países industrializados “reduzcan a la mitad sus déficits públicos en 2013”. Recortando más el gasto público, claro.

Reconocen que hay un paro inaceptable en varios países, pero parece que les da igual. Además, el G-20 desea que se hagan más recortes sociales para “equilibrar el presupuesto” y mantener la “capacidad de pago”. ¿Qué significa? No aumentarán impuestos para reducir el déficit, aunque casi todos los economistas coinciden en que el déficit es por reducción de recaudación, no por exceso de gasto.

Mantener la “capacidad de pago” con recortes sociales para reducir el déficit significa que al final pagarán quienes menos tienen: no recibiendo lo que tienen derecho a percibir. Hablamos de derechos, no de caprichos. Y pagarán impuestos menos justos, menos equitativos. Como el IVA, que en la económicamente débil Rumanía aumenta 5 puntos para satisfacer al FMI. En España, técnicos de Hacienda han calculado que pagará el aumento del IVA (que empezó el 1 de julio) el 88% de los ciudadanos contribuyentes: desde quienes ganan 30.000 euros brutos anuales (no muchos, por cierto) hacia abajo. Recordemos que el 63% de los españoles gana menos de 1.000 euros netos al mes y que un alquiler barato son 500 euros mensuales. Y en el resto de países desarrollados, situaciones semejantes.

El G-20 argumenta además que es necesario recuperar margen presupuestario para responder al “envejecimiento de la población”. En lenguaje sin trampas significa que ahora van a cargarse los sistemas públicos de pensiones hasta donde puedan. Congelarlos, hacer difícil su disfrute o reducir sus prestaciones. Hace tiempo que la minoría privilegiada (que en gran medida es el contubernio de especuladores confabulados) va loca para que las pensiones públicas se reduzcan a la mínima expresión y poder engatusarnos así con sus equívocas pensiones privadas.

Guido Mantega, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil diagnostica que “reducir el déficit a la mitad es un ajuste draconiano para algunos países y en medicina, cuando uno se pasa, se mata al paciente”. Y Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, recuerda que “la política de austeridad es desastrosa. Nosotros ya lo experimentamos en 2001”.

Los llamados países emergentes no aplicarán el objetivo de déficit pactado. Quizás porque no suelen seguir las suicidas pautas neoliberales (tan idolatradas en Europa). Al final, uno concluye que FMI, Comisión Europea, G-20 y demás pretenden que es imprescindible lo que realmente es inaceptable. Y así no superamos la crisis ni locos.

Habrán leído que en Europa se tambalea el “estado del bienestar”. Pues ya va siendo tiempo de volver a hablar de justicia y de derechos humanos. Necesitamos un estado de justicia, no sólo de bienestar.

(*) Periodista y escritor, Colaborador CCS