Viernes 19 de octubre de 2018
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Hasta antes de ahora, para ingresar a trabajar a la administración pública en los procesos de institucionalización de los diferentes cargos en las distintas reparticiones del Estado, era imprescindible la experiencia, méritos, capacidad y eficiencia que toda persona deberÃa poseer para ingresar a formar parte en una determinada entidad pública, asà estaba establecido en el Estatuto del Funcionario Público.
Tomar en cuenta la experiencia, méritos y capacidad es reconocer la interrelación que existe entre estos, y no sólo en lo referente al acceso a la función pública, sino también en lo relativo a la pertenencia y permanencia en ella en el tiempo. Ahora bien, junto a estos principios derivados expresamente de esa norma legal, que también explica su procedimiento y recoge una serie de principios aplicables a los ordenamientos, su aplicación era igualmente una exigencia básica para la efectividad de los primeros.
Si se desea mejorar el rendimiento productivo de las instituciones del sector público se debe empezar despolitizando estas y todo procedimiento debe iniciarse con la publicidad de las convocatorias, sus bases, la transparencia, la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, la independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de estos órganos, la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y la agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Los principios de mérito y capacidad son los únicos parámetros que dotan de contenido al principio de igualdad que se rompe cuando se toman en cuenta otros valores en el acceso a la función pública distintos de los anteriores, como pueden ser las situaciones de desempleo, las cargas familiares u otros similares.
