Ambos exlegisladores esperan desde el 17 de abril que alguna autoridad se comunique, pero nadie lo hizo. Delgado observó que no sucedió lo mismo en el caso Quiborax, en el que el Gobierno procedió con "diligencia" para cancelar 42 millones de dólares, en el juicio que perdió el Estado.
El 24 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó su fallo desfavorable a Bolivia, en el que perdió el juicio que sostenÃa desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax. El Gobierno no demoró ni un mes en hacer la cancelación del millonario pago.
"Hemos visto absolutamente diligentes en el caso Quiborax que pagaron 42 millones, pero en el caso de ciudadanos que han sido vÃctimas de violación de sus derechos ninguna rapidez en el cumplimiento de la resolución", reprochó Delgado.
Delgado y Maldonado fueron perjudicados por una norma ilegal aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2014, que les impidió ser candidatos a la AlcaldÃa de Cochabamba y de PotosÃ, postulación que algunas encuestas les daban como favoritos. Ambos fueron asambleÃstas del MAS, pero se distanciaron de ese partido.
La exdiputada demandó un resarcimiento económico en base a los sueldos de seis meses que renunció a su condición de diputada para ser candidata, asimismo, pedirá que el Estado compense por el tiempo que hubiera ejercido el cargo de Alcaldesa, porque tenÃa un 37% de preferencia electoral y era "virtualmente electa".
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