Inversiones mineras requieren seguridad e incentivos legales

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Las inversiones mineras que puedan disponerse a través de empresas nacionales o consorcios internacionales, deben estar sujetas a normativas que garanticen seguridad jurídica, pero además que puedan acogerse a un sistema tributario que sea compatible con las que rigen en países vecinos, donde fluyen grandes capitales, asegurando condiciones de distribución adecuada de impuestos, cierto tipo de incentivos y el respaldo de leyes que favorecen emprendimientos minero metalúrgicos de variado nivel.

El asunto está en las políticas que puedan estructurarse para atraer inversiones, una compatibilidad de seguridad y de beneficios que garanticen la recuperación de capitales, bajo el cumplimiento de regulaciones de impuestos y el cuidado de las condiciones medio ambientales en cualquier instancia de la producción minera.

En el plano de la minería mediana, la última y significativa inversión corresponde a San Cristóbal en el distrito de Potosí, un proyecto que demoró 10 años en consolidarse y que está avanzando en un periodo aproximado de su actividad extractiva, considerándose posible su ampliación, dadas las condiciones factibles de incrementar capitales y ampliar la operación, en este caso la más favorable a la economía nacional y de la región potosina.

INVERSIONES DE ALTO VUELO

Donde faltan inversiones pero de "alto vuelo" es en el sector de la minería privada mediana y chica, nivel en el que se mencionan grandes posibilidades por la existencia de yacimientos mineros, pero que necesitan ser cuantificados, para establecer las potencialidades de reserva, el valor de las inversiones y el tiempo de ejecución de los nuevos proyectos, una fase importante que corresponde a la prospección y exploración, antes de emprender la extracción de minerales.

Pero no hay muestras de inversión, salvo las comprometidas con YLB, en el caso del proyecto litio o la concesionada a una empresa china, en el caso del hierro del Mutún, por lo demás no hay atisbos de que se impulsen inversiones para nuevos proyectos departamentales, el caso de Oruro, un distrito eminentemente minero, pero en el que no hay ninguna intención de inversiones mineras de magnitud.

Hace poco tiempo atrás el titular de minería fue parte de una reunión importante con autoridades y empresarios privados locales, además de dirigentes sindicales e institucionales, adelantando la intención de "firmar en los próximos días" un convenio para impulsar la "reactivación minera de Oruro". El hecho y por el tiempo transcurrido es solo otra promesa más y la minería sigue inactiva.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Según un estudio del Instituto Frazer del Canadá se menciona que "en Bolivia la seguridad política y jurídica es la peor de la región", la Ley Minera impuso contratos de asociación exclusivamente con el Estado, lo que no es ningún incentivo para la atracción de capitales externos, estableciéndose que por tales condiciones nuestro país, se ubica entre los últimos países para atraer capitales.

Se refrenda el estudio del Instituto Frazer, cuando especialistas nacionales coinciden al opinar que "la legislación (minera) vigente en Bolivia introduce varias medidas de inseguridad jurídica y poca atracción a las inversiones, lo que desfavorece a la producción y eventual industrialización de varios minerales que posee en su territorio".

Por otra parte, la Fundación Milenio al referirse a la actividad minera señala que "lamentablemente la valoración de la situación minera en Bolivia, no ha mejorado con relación a los años anteriores y en algunos aspectos ha empeorado". La institución fundamenta su documento señalando que el rezago competitivo de la minería boliviana indica que en el Índice de Atractivo de Inversión el puntaje que obtiene Bolivia es de 48 puntos menos que Chile, 40 menos que Perú. 30 puntos menos que México, incluso 23 menos que Colombia, 22 menos que Brasil, 19 menos que Ecuador e incluso 3 puntos menos que Venezuela, el detalle es revelador y la apreciación externa sobre nuestra minería son realmente preocupantes. En síntesis, poco atractivas para cualquier inversión en la materia.

La Ley Minera 535 promulgada en mayo del 2014, no es todo lo operativa que se deseara porque en más de cuatro años de vigencia carece de reglamento y una escala apropiada de tipo tributario, por lo mismo cualquier inversionista está sin posibilidades de disponer capitales al no saber la "suerte de sus operaciones", máxime si no hay derechos mineros reales y rigen sólo contratos administrativos y de asociación, mientras que los recursos mineralógicos no pueden ser inscritos como derechos propietarios y ninguna persona puede alegar ese derecho, ni usarlo con fines de titularización, garantía o seguridad. La real interpretación de la medida necesita de una adecuada reglamentación que evite las dudas sobre "algunas seguridades que de todos modos requieren los inversionistas" sobre la materia utilizable en minería.

ANUNCIO DE INVERSI�?N

El ministro de Minería, César Navarro, como lo hizo en varias ocasiones, anunció importantes inversiones para la minería, pero una de sus últimas ofertas, señala que "hasta fines del 2019, el Estado realizará la inversión más grande en minería aproximadamente de 1.500 millones de dólares", aunque no se establece ninguna prioridad, tampoco se menciona distritos ni se adelantan proyectos que puedan ser beneficiados con el interesante soporte del Estado a la minería nacional.

Queda flotando en el ambiente lo que debería constituir un proyecto en marcha, que de haber sido operable a tiempo de ser anunciado, seguramente ya estaríamos añadiendo valor agregado a nuestros minerales de zinc, dado que 10 años atrás el Gobierno anticipó la puesta en marcha de dos fundiciones de zinc, ubicadas en los distritos de Oruro y Potosí, disponiéndose entonces de un presupuesto de inversión consistente en 500 millones de dólares, utilizables en partes iguales en cada fundición.

Por lo que se sabe, cuatro licitaciones del Gobierno fracasaron, no hubo interesados, se mencionaron "vicios jurídico administrativos" y el tiempo ha transcurrido y en el caso de Oruro, hay una esperanza de que avance ese proyecto, toda vez que en la Metalúrgica de Vinto, podría ser emplazada la nueva factoría metalúrgica�?pero no se sabe cuándo. De manera general ese es el panorama de la perspectiva minera nacional y departamental.

Fuente: Medios. Agencias.