Control militar sí, pero no así

En ésta misma columna y en su oportunidad comentamos favorablemente la decisión de autoridades militares que conjuntamente las de la aduana nacional decidieron aunar esfuerzos para combatir el contrabando y hacerlo "sentando presencia" en varios puntos de la extensa zona fronteriza, especialmente la que nos separa de Chile, por donde transitan caravanas de contrabando.

Por supuesto que el anuncio castrense señalaba además que se instalarían puestos de avanzada para ubicar con alguna comodidad y seguridad a los efectivos militares destinados a cumplir tareas bajo responsabilidad del organizado Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando, un largo denominativo que se sintetiza en su sigla CEO y que debe realizar una lucha sistemática contra la abierta proliferación del contrabando.

La tarea se supone sacrificada, pero de alta responsabilidad, pues está en juego la solvencia de las FF.AA. así como la seriedad de las autoridades de aduana en los operativos que puedan efectuarse y que logren disminuir efectivamente el tránsito de los contrabandistas.

Aparentemente las operaciones se han estado realizando de manera coordinada y mostrando mayor efectividad cuando otro organismo como el COA y fracciones policiales no abastecían para ejercer control a un poderoso enemigo, bien equipado e inclusive armado que rebasaba controles y llegaba a destinos en poblaciones rurales y luego ciudades con millonarias cargas de mercadería ilegal. Ante ese crecimiento organizado de contrabando, la respuesta fue incluir a efectivos militares en el control efectivo de nuestras fronteras.

Lamentablemente, las cosas no siempre se cumplen como debería ser y una reciente denuncia pública así lo demuestra al señalar que dos ciudadanos bolivianos y vecinos de poblaciones rurales, fueron objeto de graves agresiones, violación de sus derechos, golpeados con fiereza, hasta poner en riesgo sus vidas por el ataque injustificado de efectivos militares del CEO, algunos plenamente identificados como responsables de los abusivos actos de violencia inusitada y absolutamente injustificada, comprometiendo la integridad y la humanidad de vecinos que nada tienen que ver con el contrabando, se trata de ciudadanos connacionales, uno de 16 años y otro de 33, que cumplían sus labores de tipo particular.

La acción violenta contra los indefensos ciudadanos no tiene justificativo alguno, pero se considera un abuso de efectivos militares que excedieron su autoridad poniendo en riesgo la vida de pacíficos ciudadanos, que además de la golpiza denunciaron el robo de dineros y efectos personales, en lo que se califica como una nefasta y abusiva acción de efectivos militares que habiendo sido identificados corresponde su sanción castrense, pero también la de orden legal.

El hecho es de conocimiento de autoridades del Regimiento Mejillones las que habrían comprobado la magnitud de lesiones causadas con la inexplicable golpiza a ciudadanos ajenos a tareas de contrabando u otras delictuosas. Está bien que las autoridades cumplan una función elementalmente de control y represión del contrabando en las fronteras, pero no así, con violencia delincuencial y lo peor contra personas particulares y sin vinculaciones ilegales. Este hecho debe ser investigado, por el riego que entraña la abusiva acción de efectivos castrenses.

Fuente: LA PATRIA