Gobierno garantiza la propiedad privada y descarta confiscación de bienes "vacantes"

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La modificación del Artículo 482 de la Ley 493 de 19 de noviembre de 2013 (Código Procesal Civil), que puso en duda el respeto y derecho a la propiedad privada por la confiscación de bienes "vacantes", a denuncia presentada ante instancias del Estado, fue aclarada por autoridades de Gobierno en el sentido de que la modificación sólo obedece a la designación de la instancia interventora, y no así en el espíritu de atentar contra los bienes de carácter privado, que son protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

En los recientes días, un video difundido por el periodista y presentador de televisión, Juan Carlos Arana, generó varias interrogantes al afirmar que la modificación de la cláusula quinta del numeral uno del artículo 482 de la Ley 493, que en su redacción indica: "cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad judicial la existencia de bienes vacantes. �sta, al admitir la denuncia, designará curador al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), quien tendrá personería suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos ordinarios y extraordinarios, aún en el caso de que el procedimiento se tornare contencioso".

En la primera interpretación del periodista, sostuvo que su contenido no queda del todo claro, ya que "a la denuncia" el estado podría intervenir en un determinado bien inmueble "no habitado" aun si éste sea de propiedad privada. Aspecto que causó repercusiones de diferentes sectores.

AUTORIDADES

"Si a sola denuncia a una persona se le va a despojar de su patrimonio se está yendo en contra de la ley, yo puedo vivir aquí (en Oruro) y tener otro bien en otro departamento, no porque yo no viva aquí y mi casa este deshabitada me la van a quitar, eso es imposible", indicó Saúl Sánchez, asambleísta departamental del Movimiento Demócrata Social (MDS).

Entre otras repercusiones, el senador del MAS, Marcelino Arancibia, aseguró que "de procederse así, lo más correcto es que intervengan las viviendas que entregó el Gobierno y que varias de ellas no son habitadas e incluso comercializadas, porque no es correcto que se atente contra la propiedad privada y la Constitución Política del Estado", indicó.

EMPRESARIOS

Para los empresarios, de igual manera es una forma de vulnerar la seguridad jurídica, tomando como ejemplo que en diferentes regiones existen terrenos que en otrora funcionaron como fábricas, pero que el "hecho que ya no funcionen, no implica que sean confiscadas al suponer que no tienen propiedad".

"El Gobierno debe garantizar la seguridad jurídica, y si están proyectando la ley en ese sentido nos va a generar muchos problemas", afirmó Fernando Dehne, presidente de la Cámara de Comercio y expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO).

LA NORMATIVA NO ES NUEVA

Es pertinente ahondar en una interpretación jurídica para no derivar en mayor grado de susceptibilidades, por la incógnita de que si un patrimonio es respaldado por el Estado o no. Según la abogada, Diana Guzmán, esta disposición no es nueva, más al contrario tiene data de hace varias décadas bajo la figura legal al hablar de "bienes vacantes y mostrencos", que son aquellos que no tienen dueño conocido, cuya importante aplicación se relaciona a los bienes de una herencia, que por carecer de herederos testamentarios y ab intestato, pasan al Estado.

No obstante, para dar marcha a su aplicación en la hipótesis de evidenciarse un determinado caso, es decir, donde efectivamente un bien patrimonial no presente propiedad, el Estado podrá realizar su reversión, pero bajo un procedimiento muy riguroso y no así inmediato.

"No tendría que afectar a nadie, primero porque es una figura que ya se conoce, segundo porque nadie te puede quitar nada porque eso ya sería avasallar un bien, porque el derecho propietario está registrado en derechos reales", aseguró.

SE GARANTIZA LA PROPIEDAD PRIVADA

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, sostuvo que la interpretación realizada a partir de la difusión del video viralizado en las redes sociales no es correcta, ratificando a su vez que el Estado respeta la propiedad privada y que la modificación solamente obedece a cambiar el "curador" (administrador) en la probabilidad que existiese un proceso de esta naturaleza.

"El curador antes era el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero ahora corresponde al Senape (Servicio Nacional de Patrimonio del Estado)", explicó.

Al igual que la interpretación jurídica, la autoridad dijo que no se puede proceder de manera irregular en la intención de confiscar un bien y que la población debe estar tranquila en cuanto a su derecho propietario en el marco de la ley.

Fuente: LA PATRIA