El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que sorprendió a muchos, pero se calificó como "razonablemente justa" por muchos entendidos, desnuda una serie de valores previos que no fueron tomados en cuenta y que transgrediendo elementales normas de acción estrictamente diplomática, bajaron los niveles de supuesto acercamiento y voluntad de dialogar, ese pudo ser, dicen; uno de los factores que incidió en un proceso que duró cinco años y que en buena parte de tal periodo, no se adelantaron opciones de fomentar programas de amistad y fomento a un intercambio económico, cultural y hasta turístico.
La enseñanza que deja la decisión del jurado internacional debe ser asimilado en esa justa proporción, sin embargo a "vuelta de esquina", ya se han emitido criterios adversos a ese organismo, se habla de un rechazo al fallo y se menciona que se acudirá a otros organismos internacionales, sabiendo que, la CIJ, es una instancia superior a la que fácilmente no se la puede tildar de estar comprometida con algún país y ser favorable en ciertos fallos.
Lo que sucedió es una determinación mayoritaria de un conjunto colegiado del más alto nivel internacional de jueces que nos guste o no, es resultado de un cuidadoso análisis de hechos que han arrojado un resultado negativo ante los aprestos triunfalistas que se coreaban en algunas instancias políticas del país.
La dura realidad tendrá sin lugar a dudas un alto costo político que afectará a los responsables de toda la estrategia que por lo visto no tomó en cuenta ciertas condiciones que debieron ser motivo de práctica en busca de acercamientos y no de enfrentamientos, incluso moderando ciertas posiciones de directa responsabilidad del Gobierno, en la política externa a favor de algunos países de los que por naturaleza actual no sacamos ningún beneficio, pero alentamos ciertas posiciones muy bien utilizadas por gobernantes temporalmente marginales.
El tema del dictamen de La Haya será todavía de muchos análisis puesto que sus derivaciones comprometen a sectores políticos nacionales, empezando por el frente oficialista y extendiéndose a los futuros protagonistas del próximo proceso electoral que tiene un calendario de ejecución casi inmediata y que ya está siendo utilizado "contra reloj", por la oposición que no perderá la ocasión de cargar en las espaldas oficialistas, lo que se ha denominado como falla diplomática con una costosa factura de la que con seguridad se hablará también.
No hay otra alternativa opcional en el tema que no sea la aplicación urgente de un esquema reconfigurado en materia de nuestras relaciones diplomáticas, tomando en cuenta como prioridades, la responsabilidad de emitir juicios de opinión que comprometan al Estado, cuando en realidad ciertos conceptos son parte del entusiasmo de algunas de nuestras autoridades gubernamentales, sin que las mismas constituyan expresión del pueblo boliviano, lamentablemente tomadas en cuenta en otro nivel, cuando las "absorbe" la diplomacia internacional.
Bolivia es un país pacifista y la demostración de tan importante concepto debe darse en la cotidianidad de nuestras relaciones con la vecindad y con gobiernos de otras altitudes, donde Bolivia, por determinados elementos, especialmente comerciales, es tomada en cuenta para fines de negocios con inversiones, una situación que debemos aprovecharla para beneficio colectivo, que en su efecto produzca bienestar y no conflictividad. Nuestra diplomacia tiene un reto, reconocer y explicar dónde falló y recuperar la imagen pacifista y progresista, en todas sus relaciones bilaterales.
Fuente: LA PATRIA
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