Post-Haya: La negociación debe continuar

Si bien Chile ha tenido la disposición de negociar, pero no cuenta con ninguna obligación a hacerlo, como estipula el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, bien se debe tomar en cuenta que la negociación tiene que continuar. Ese es el mensaje que queda de post-Haya para avanzar con una nueva estrategia hacia el mar.

Si pensamos en el resultado, deberíamos ver una derrota, quizá por haber tomado en cuenta documentos no válidos, que no causan estado, como pregonaba la gente que utilizó actas y convenios que se firmaron, incluyendo la Agenda de los 13 puntos, que se manejó con la presidenta chilena Michael Bachelet, donde se consignaba la "causa marítima", sin explicitar un acceso soberano al mar, por las costas del Pacífico.

"Empero" como fue la muletilla que utilizaron los miembros del Tribunal de La Haya, la causa se resolvió a favor de Chile con 12 votos, porque no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico para Bolivia y la causa boliviana recibió el respaldo de tres votos. El resultado definió el fallo.

Así se estableció que los "acuerdos" que han sido firmados en actas de entendimiento y otros de "buenos vecinos", incluso los que no han sido consumados por escrito, también podrían tener un valor jurídico, debiendo ser una evidencia contundente, para que demuestre el vivo interés de Chile de ceder una salida soberana y acceso irrestricto al mar para Bolivia.

Por lo mismo, los acuerdos incluido el "Acuerdo de Charaña" firmado durante la dictadura banzerista (1975-1978) no constituyen un compromiso político para negociar una salida al mar, por lo que la CIJ de La Haya, establece que "la obligación de Chile de negociar no puede ser deducida a raíz del contenido de la declaración de Charaña".

Por la posición asumida por los 12 magistrados de la CIJ se deduce que incluso el intercambio de notas de 1950 no es de conformidad con la práctica habitual del derecho internacional y ello no supone "ningún compromiso ni ningún punto de acuerdo ni desacuerdo", reduciéndose a un mero intercambio epistolar que "no puede ser considerado" por ninguna razón como una intención de negociar, según afirmó el propio presidente del Tribunal de Justicia de La Haya, al dar lectura al fallo.

En concreto, el fallo de la Corte de La Haya determina que "los instrumentos bilaterales presentados por Bolivia no establecen la obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico", decisión que utilizaron los magistrados de la CIJ para rebatir el principal argumento boliviano. Afirmando que no tienen peso jurídico, lo que más bien favorece a Chile, que deja el planteamiento boliviano sin antecedentes que respalden una obligación de negociar de parte de Chile.

La prensa internacional calificó el fallo de la CIJ de La Haya como "una derrota dura para el gobierno de Evo Morales, que tenía este reclamo como uno de los símbolos de su gestión". El fallo estableció que todos los puntos de la tesis boliviana fueran rechazados por 12 votos, que supone una mayoría, contra tres que apoyan la causa boliviana.

Los chilenos en su argumentación utilizaron hábilmente el Tratado de Paz y Amistad de 1904, afirmando que ese acuerdo ya fijó las fronteras entre los dos Estados (Chile-Bolivia), descartando así las reclamaciones bolivianas de acceso soberano al mar, porque eso en la práctica supone una sesión de territorio, tema que no estaría en discusión y ni es objeto de negociación.

Si los bolivianos habríamos utilizado el argumento del incumplimiento del Tratado de 1904, quizá nos habría ido mejor, puesto que Chile siempre violó ese acuerdo, primero instalando minas antipersonales en una extensa zona de la frontera chileno-boliviana, artefactos explosivos que retiraron en parte y otros fueron repuestos, pese a existir una declaración de organismos internacionales, que prohíben el uso de minas en las fronteras de los países que viven en paz.

No se respetó el límite geográfico establecido, puesto que Chile colocó tres hitos irregulares en Sillillica el Diego, en la zona fronteriza de Potosí, donde también se instalaron seis mojones, afectando en gran extensión nuestro territorio. Se demostró la arbitrariedad en la década del 90 y la Cancillería de Chile instruyó el retiro de los tres hitos y mojones.

Así también la permanente violación del espacio aéreo, el trato discriminatorio a los bolivianos que pasan por la extensa frontera boliviano-chilena y hasta los abusos que se cometen al pretender intimidar con acciones ofensivas, pretendiendo demostrar una supuesta superioridad.

Ningún acuerdo fue respetado por Chile y la violación del Tratado de 1904 no es novedad, porque ya existe una acción sistemática y hasta planificada para no cumplir los puntos del documento, que en sano juicio permitirá llegar a un acuerdo para ampliar el uso del Puerto de Iquique en las mismas condiciones de los puertos de Arica y de Antofagasta, que están reconocidos por el Tratado de 1904, como zonas de libre tránsito y circulación para los bolivianos. Con Iquique sólo rige un Acuerdo Comercial, que se puede ampliar con más beneficios para tener una salida directa al Pacífico.

En definitiva, se debe tomar en cuenta que el norte de Chile vive por el comercio boliviano y que las condiciones para esa región del país Mapocho no son de las mejores, por lo que una buena acción del gobierno de La Moneda, sería abrir la negociación para buscar una solución a mediano y largo plazo. Lo contrario sólo ahondará los resentimientos y los problemas entre vecinos.

(*) Periodista