Una sencilla apreciación a la propuesta del sector legislativo oficialista en torno al proyecto de la Ley Marco de Autonomías tiene contradicciones que son producto de la falta de acuerdo entre sectores representativos de la comunidad para encarar responsablemente el tratamiento de una normativa que tiene que ver con el futuro desempeño administrativo de cada departamento.
Cuando faltan menos de 20 días para que se cumpla el plazo fijado para aprobar la Ley Marco de Autonomías se procede a su análisis en la Asamblea Legislativa con una implícita advertencia de que ésta instancia (la asamblea) podrá revisar en el futuro las decisiones autónomas, de donde se desprende una clara duda en torno a la independencia pregonada que deben tener los “gobiernos autónomos”, que sólo deberían ser sujetos de un control especial en la parte del buen uso de recursos naturales, pero de modo alguno en sus decisiones estrictamente regionales.
Si bien se aclara que esa “revisión de las leyes de gobiernos autónomos” se produciría cuando ciertas medidas puedan afectar el interés general, hay quienes dudan de la sana intencionalidad de tal sugerencia y más bien piensan que cualquier pretexto será bueno para cambiar las normas autonómicas de cada departamento, especialmente aquellas que contradigan propósitos políticos del sistema centralista. El instrumento será el rodillo asambleísta.
Muy discretamente la implícita situación de control de las autonomías señala que las modificaciones que vayan a estimarse necesarias se las hará bajo el uso de “normativas de armonización” para consensuar criterios entre las entidades territoriales autónomas para salir adelante en la solución a cualquier tipo de problema que pudiese alterar la “armonía” nacional.
Los interesados en el asunto señalan que “si sólo se tratase de armonizar criterios” no son necesarias medidas estrictamente centralistas que invadan la estructura autonómica de las regiones y sus departamentos…sólo se exigiría un acercamiento armónico de buenas intenciones para superar conflictos.
Lamentablemente entre los asambleístas opositores hay muchas dudas sobre la vigencia de “autonomías independientes”, encontrándose en el proyecto en si una serie de contradicciones que se inclinan por aprobar un sistema de control que afectaría las formas de gobernabilidad esencialmente autonómicas que han estado reclamando intensamente la mayoría de los departamentos.
Por las condiciones existentes en la actualidad entre la “fuerza oficialista” y la “resistencia opositora”, pero además el criterio de representantes de las instituciones departamentales, observando justamente esa futura injerencia centralista, es que se hace necesaria la aplicación de una metodología de tratamiento, precisamente “armonioso” entre las partes en conflicto para poner las cosas claras y evitar futuras alteraciones que pudiesen confrontar a los bolivianos de algunos distritos con el Gobierno o entre partes políticas.
Lo importante es que a través de la normativa ahora observada se definan con mucha claridad las situaciones que determinen la asignación equitativa de recursos y el respeto a las decisiones de competencia de cada gobernación, para encarar sus propias resoluciones en la perspectiva de satisfacer las demandas de su población sin trabas que obstaculicen sus planes de desarrollo.
Fuente: LA PATRIA
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