Pero el hecho que enviarÃa al actualmente suspendido alcalde, comenzó antes, mucho antes. A finales del 2015 e inicios del 2016, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), encabezado por Edgar Bazán, emprendió un proceso de licitación y adquisición de aproximadamente 91 mil mochilas, destinadas a los escolares de la ciudad.
Los plazos planteados por la municipalidad, en algunos casos de menos de 30 dÃas, limitaron en su momento a la presentación de muchas empresas locales a la licitación, sin embargo existieron otras que lograron adjudicarse los lotes licitados; uno de ellas LÃder Sport de Marco Murillo, quien al igual que los otros "ganadores", firmaron el contrato que especificaba los detalles del programa denominado "Mi Carpeta", incluida la cláusula que obligaba a que el producto sea confeccionado en territorio boliviano.
El Concejo Municipal denunció en mayo de ese año que habÃa mucho retraso en la entrega de las mochilas, además señalaron que algunas empresas adjudicatarias no estaban confeccionando las mismas en sus instalaciones, sino que subcontrataron servicios en talleres del interior del paÃs, lo que no serÃa ilegal, pero si irregular. La realidad serÃa peor.
En ese momento los funcionarios ediles de Bazán, aseguraron que las mochilas eran 100 por ciento (%) orureñas y que ninguna estaba siendo confeccionada en otro lugar, porque ellos asà lo verificaron en inspecciones realizadas a los talleres y que para demostrar ello contaban con los respaldos necesarios. Nunca los mostraron.
La noticia causó revuelo, pero tras el anuncio de la querella presentada ante la FiscalÃa y la aceptación de la misma por esta instancia, la "tormenta" pasó y el tema no volvió a ser mencionado.
Con la imputación, el entonces burgomaestre en funciones, Edgar Bazán, fue citado a un par de audiencias de medidas cautelares, las mismas que fueron postergadas por distintos temas legales. El viernes 11 de mayo, pretendió suspender nuevamente este actuado, pero en vez de eso, el juez Sergio Vásquez lo declaró en rebeldÃa por no presentarse e inmediatamente se inició con la búsqueda del edil.
Siete horas duró la audiencia. Inició la noche del viernes y concluyó a las 02:00 horas del sábado 12 de mayo. El juez de Instrucción Penal Cautelar, Sergio Vásquez determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro para el alcalde Bazán, aunque su traslado se harÃa cuando su estado de salud mejorase.
La espera no fue muy larga esta vez, Edgar Bazán se "repuso" y fue llevado hasta el penal de San Pedro aproximadamente a las 13:00 horas del mismo sábado 12 de mayo, en medio de un fuerte resguardo policial y el acompañamiento de simpatizantes del burgomaestre, quien les envió un último saludo antes de ser recluido.
AUDIENCIAS
La defensa de Bazán inmediatamente apeló la decisión de la detención preventiva, pero la audiencia para esta acción demoró mucho por diversos factores, lo que generó que los abogados del alcalde interpongan una acción de libertad, que les fue concedida.
Esa acción obligaba al juzgado que efectuó la audiencia de medidas cautelares, a entregar de forma inmediata la documentación al Tribunal de Alzada a cargo de la apelación.
Entonces la primera apelación se hizo con la documentación incompleta que entregó el juzgado segundo de Instrucción Penal Cautelar. Por tanto, el resultado fue negativo para Bazán. Nuevamente se presentó otro recurso para "repetir" la apelación, que una vez más fue desfavorable para el imputado, aunque se consiguió dar un "paso" eliminando algunos de los riesgos procesales y de fuga.
El 13 de abril del año en curso, se presentó un segundo pedido de cesación a la detención preventiva y esta vez el resultado fue diferente; el juez Sergio Vásquez, el mismo que determinó enviar el 12 de mayo a Bazán al penal de San Pedro, revocó dicha resolución y le otorgó medidas sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria, la presentación de garantes, vigilancia semanal, etc.
Pero el burgomaestre suspendido aún no terminaba su peripecia judicial, pues la resolución de Vásquez fue apelada por los querellantes, entre ellos el Concejo Municipal, la ProcuradurÃa del Estado y el Viceministerio de Transparencia Institucional. La audiencia de apelación fue programada para el 31 de julio, pero fue postergada hasta el 8 de agosto, en esta fecha nuevamente fue suspendida.
Entre tanta suspensión, finalmente el 21 de agosto se efectuó la apelación en el Tribunal de Alzada de la Sala Penal Tercera, donde se ratificó la medida de detención domiciliaria y además se eliminó una de las medidas impuestas anteriormente, que prohibÃa a Bazán a acercarse a las oficinas de la AlcaldÃa.
Desde entonces ha pasado más de un mes hasta su salida de San Pedro. La suspensión de audiencias para la presentación de sus garantes y las observaciones hechas a algunos de los nombrados por la defensa de Bazán, provocaron este retraso.
Ahora Edgar Bazán deberá permanecer con detención en su domicilio y de momento, puesto que no corresponde a los estratos judiciales esa decisión, no volverá a ocupar la silla de la Municipalidad orureña.
Fuente: LA PATRIA
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