Defensor observa "persecución a ultranza" en el caso Alexander y anuncia resolución

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

La Defensoría del Pueblo, tras realizarse la audiencia en la que se negó la cesación a la detención preventiva del médico Jhiery Fernández, observó "persecución a ultranza" en el caso Alexander y anunció que se presentará una resolución defensorial.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, manifestó que "en tanto los esfuerzos del aparato fiscal y judicial persistan en una persecución a ultranza, apartándose de la objetividad, que obliga a considerar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad a un imputado, y se aparten del principio de que la duda razonable favorece al imputado, no habrá justicia como sucede en muchos casos, lo cual es un vicio en la justicia boliviana".

"La Defensoría está elaborando una resolución defensorial sobre vulneración de derechos contra el imputado JFS (Jhiery Fernández Sumi), así como de la víctima (bebé Alexander)", anunció.

Agregó que existe una preocupación por la vulneración al derecho de presunción de inocencia en este caso, "puesto que la presunción de inocencia podría ser gravemente afectada, lo que fue revelado por el audio de la juez, lo que tiene que ser contrastado con la sentencia, situación antes no conocida, sumada a que tenía que esperarse el fallo de primera instancia por principio de independencia".

Tezanos Pinto manifestó su inquietud por la forma en que se está administrando justicia en el país y pide que se actúe contra la jueza Patricia Pacajes, quien en un audio admitió que el médico sentenciado a 20 años de cárcel era en realidad inocente. La autoridad defensorial cree que de no actuar, se podría naturalizar este tipo de proceder por parte de jueces y fiscales.

"Un tema que debe ser prevenido, es que de igual manera en que se pre-sentenció a JFS, por presiones y persecución a ultranza, podría pre-sentenciarse a la juez, cabiendo señalar que el Artículo 173 del Código Penal sanciona el dictar resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley", manifestó.

La jueza "ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, y en una resolución judicial hay una acción, por tanto, no hay omisión ni puede rehusarse", dijo Tezanos Pinto; a ello añadió que caso contrario podría incurrirse en desnaturalizar las faltas disciplinarias y perseguírselas como delitos.

La pasada semana se conoció un audio, en el que la jueza Patricia Pacajes confesó, en una reunión privada mientras consumía bebidas alcohólicas, que Fernández es inocente. Que la sentencia fue armada por errores en el informe médico forense y por la presión política.

Asimismo, reveló que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, la exministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, y el entonces Gobernador de La Paz, César Cocarico, metieron "la nariz" en el caso del bebé Alexander y ejercieron presión. Y señaló que el origen de los errores fue dicho informe.

En marzo, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, condenó a 20 años de prisión a Fernández por el delito de violación y 2 años de cárcel para la médico internista Sandra Madeny, por homicidio culposo, y para la enfermera Lola Rodríguez por el delito de encubrimiento, todos vinculados a la violación y muerte del bebé Alexander.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardio-respiratorio. Además, el menor presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.

Pese a que el galeno siempre negó los extremos de la acusación, fue detenido y desde 2014 guarda detención en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz.

Fuente: La Paz, 25 (ANF)