La inocencia encarcelada

La reparación de una injusticia quizá no sea la más usual en nuestro país, porque existen cientos de inocentes que pueblan las penitenciarías clamando por justicia y el respeto de sus derechos, mientras otros pasean orondos por las calles, pese a tener sentencias ejecutoriadas, gozando de una protección política, judicial y hasta de conveniencia.

Para graficar bastan algunos ejemplos, el elevado número de personas con detención preventiva y sin sentencia ejecutoriada, muchos de ellos que están varios años a la espera de una resolución judicial de condena o absolución, puesto que nunca se emite una decisión judicial de declaratoria de inocencia, para evitar la acción recriminatoria para el resarcimiento de daños y perjuicios.

Los errores judiciales son varios, desde el procedimiento, los de olvido y de equivocación que suman y se presentan con serias consecuencias y grave perjuicio para los procesados, que en realidad resultan ser víctimas inocentes de los "errores judiciales" o en definitiva son la inocencia encarcelada, como es el caso del médico orureño Jhiery Fernández.

La confesión y declaratoria de inocencia que sostiene el médico sentenciado a 20 años de presidio por la jueza Patricia Pacajes, resulta ser una pena por un delito que Fernández nunca cometió y es, más bien una acusación infundada que se da en un estado de indefensión. Ese hecho demuestra el accionar de la administración de justicia en Bolivia, al extremo de encarcelar al inocente y liberar al delincuente.

Este caso empero no es el único, hay muchas víctimas inocentes que claman justicia y piden y exigen que se respete sus derechos. Muchas de esas víctimas no pueden asumir defensa, porque no tienen dinero para pagar a sus abogados y tampoco reciben el apoyo de los defensores de oficio, que por lo general incumplen su tarea por el elevado número de casos que tienen que atender, dejando sin respaldo jurídico técnico a muchos de los procesados.

El sistema judicial no significa una prenda de garantía en estas condiciones, más todavía si es una representante del sector, la jueza Pacajes, quien en estado inconveniente revela que la sentencia dictada en contra del médico Jhiery Fernández "no es justa", porque "es inocente", acusándolo del delito de violación a un bebé con el que ni siquiera tuvo contacto durante la atención que le brindaron en el sanatorio.

Es más, una auditoria forense practicada por una profesional con 20 años de experiencia, determinó que el informe evacuado por los médicos Ángela Mora Vera y Christian Vargas Camacho, que eran funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en La Paz, tenía errores puesto que se estableció que "el bebé Alexander no fue violado". El criterio de la médico forense Heidy Arteaga, desnudó la verdad y dejó establecido que los informes médicos de Mora y Vargas en conclusiones "son errados".

La confirmación del ministro de Justicia, Héctor Arce, cuando afirma que la sentencia contra el médico Jhiery Fernández, en el caso Alexander, "es absolutamente carente de fundamento, no hay una fundamentación ni una explicación coherente", pone en duda una correcta administración de justicia por parte de la operadora y jueza Patricia Pacajes.

A ese criterio que desmiente y niega el fundamento de la acusación para la sentencia emitida por la jueza Pacajes, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, confirmó que no hubo violación al bebé Alexander, lo que se demostró desde el primer momento del caso, habiéndose generado un error en la investigación, por informaciones propaladas sin objetividad, mostrando como culpable a quien sería imputado y sentenciado siendo inocente.

Los 20 años de prisión a los que fue sentenciado el médico por el caso del bebé Alexander, es injusta y constituiría una tergiversación judicial, puesto que a sabiendas la jueza Pacajes, emitió la sentencia condenatoria, para luego expresar a viva voz que era inocente, lo que demuestra que ahora que la inocencia está encarcelada.

Para administrar justicia se debe tener en cuenta que es un valor que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece, y lo que le pertenece a cada uno es su realización y su dignidad.

Así la justicia como virtud consiste en el hábito o voluntad firme, constante, perpetua y libre de ser humano de reconocer y otorgar el derecho de los demás, como recomiendan los grandes juristas, señalando que persona justa es la que realiza el bien que le impone la virtud de la justicia. Por lo tanto, el juez debe ser la persona virtuosa que realiza perpetua y constantemente actos justos.

Ahora solo resta impulsar la apelación de la injusta Sentencia Condenatoria para liberar de toda pena y culpa al médico Jhiery Fernández.

Se debe llegar hasta el vicio más antiguos y reparar ese daño inferido "por la decisión arbitraria de la jueza Pacajes" con una declaratoria de inocencia, para resarcir el daño conferido al médico orureño que es una víctima más de los errores judiciales que causan daño, perjudican y ponen en duda el actuar de algunos operadores de justicia que pueblan las cárceles con inocentes.

(*) Periodista