La organización que representa a los medios impresos y una agencia de noticias alertó de los frecuentes intentos de quebrantar la norma que protege el trabajo periodÃstico, y según sus registros, desde el año 2014 se observa con preocupación los intentos de afectar un principio vigente desde el año 1925. El pronunciamiento se solidariza con el equipo de prensa de la red de televisión ATB que recibió la petición de la FiscalÃa.
La asesora legal de la ANP, Mabel Antezana, recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en su numeral 8 que todo comunicador social tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información. La disposición es concordante con el artÃculo 106 de la Constitución PolÃtica del Estado (CPE) que establece que "El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información".
"Estos principios protegen al periodista que no puede sufrir amedrentamiento y bajo ningún argumento puede revelar la fuente de su noticia", agregó la jurista.
Antezana afirmó que "ni siquiera ante una autoridad judicial puede revelarse la fuente informativa, puesto que se trata de una protección al derecho de información, y la protección de la vida de la persona informante".
El 2 de julio de 2018, los fiscales Sonia Zamorano, Iván Quintanilla y Gustavo Adolfo RÃos exigieron a la Dirección del diario Los Tiempos, la copia de grabaciones registradas entre el domingo 6 y el lunes 7 de mayo, sobre incidentes registrados en el mercado La Ramada de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
En julio de 2018, la juez de Sentencia Penal de la ciudad de Cochabamba, Rosario Sáinz, conminó a la directora del diario Opinión, Leslie Lafuente, a revelar la identidad de la fuente que alertó sobre observaciones al proceso de compra de un tomógrafo para el hospital de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
En todos los casos señalados se advierte el reiterado desconocimiento al secreto de fuente periodÃstica, y llama profundamente la atención que los administradores de justicia no protejan los derechos contenidos tanto en la Constitución como en la Ley de Imprenta, expresó la ANP.
Fuente: La Paz, 21 (ANP)
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