El juicio en el que eventualmente puede estar envuelto Mesa serÃa eminentemente polÃtico. Pero bien; el Ministerio Público, donde hace poco Mesa ha asistido para presentar una objeción de rechazo al proceso que se le quiere iniciar, ha de analizar la situación desde -¡ojalá sea asÃ!- un punto de vista netamente jurÃdico, pero que no quepa duda de que los susurros de los del Ejecutivo han de ser escuchados por los oÃdos de los del Judicial. Cosa lamentable pero cierta en nuestro medio.
Una historia escabrosa precede a este conflicto. Un punto de partida podrÃa ser la promulgación de la funesta ley 1854, o "Ley Valda", elaborada por el senador potosino Gonzalo Valda y luego firmada por los ministros de Hugo Banzer Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner. Esta ley, nefasta desde todo punto de vista, concedÃa a capitales extranjeros grandes áreas del salar ricas en ulexita y litio. Entonces se liberaron más de un millón de hectáreas del delta del rÃo Grande para las concesiones que expoliaban los recursos naturales bolivianos. Pero el pueblo potosino, valeroso en la defensa de los intereses de la nación, protestaba pero ningún gobierno prestaba atención a tales alborotos.
Lo que deberÃa haber hecho la ProcuradurÃa fue investigar si la empresa Quiborax, de capitales chilenos, tenÃa todos sus papeles en regla, cosa que no era asà porque ahora se sabe con certidumbre que David Moscoso, accionista de esta corporación, fue enjuiciado por el Estado boliviano por adulteración de documentos y uso de instrumento falsificado. Entonces se llevó a cabo un juicio abreviado, dado que Moscoso admitió su culpa, y por consecuencia se le dio una condena de dos años de prisión. Si la ProcuradurÃa hubiese procurado investigar, de forma patriótica e imparcial, como debe ser su labor, los documentos de la mencionada empresa chilena, probablemente ese oneroso laudo arbitral no hubiese recaÃdo sobre Bolivia.
Pero hay otra cosa; yo pongo en duda la probidad jurisdiccional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi), dado que es cuestionable cómo una controversia en la que se invirtió una determinada cantidad de dinero tenga que ser zanjada y saldada con muchÃsimos millones de dólares más que la inversión inicial del demandante.
(*) Licenciado en Ciencias PolÃticas
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