Del palo santo a la ley de la mentira

En medio de las patéticas noticias de agosto, pasó casi desapercibida la peor de ellas: un periodista fue detenido por la parapolicía del Chapare, al centro de Bolivia. Lo secuestraron cuatro horas y le amenazaron con amarrarlo a "un árbol" para que lo coman las hormigas; lo soltaron después de copiar su cédula de identidad y amonestarlo: "sabemos dónde vives".

Lo acusaron de entrar "sin permiso" a la zona (donde el Gobierno construye una carretera violentando un parque nacional y territorio indígena) y de acompañar a una comisión internacional. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó las medidas violentas de quienes abren más brechas para sembrar coca y amplían, queriendo o sin querer, el circuito coca cocaína.

Ese método de castigo fue empleado por afines al MAS contra sus adversarios usualmente, como admite la cocalera Leonilda Zurita en el documental "El cocalero": amarrar a la persona al palo santo donde temibles hormigas pican con su letal veneno.

Carlos Menem definió a los periodistas como sus enemigos. Intentó enjuiciar a un reportero de "Clarín" que develó el tráfico de armas hacia Croacia, por el cual luego condenado. También denunció a dos responsables de "Noticias" por publicar que tenía un hijo fuera de matrimonio, caso que fue resuelto ante la CIDH a favor de los periodistas; el gobierno negó todo y acusó al periódico de afectar el derecho a la intimidad. El año pasado el hijo apareció en ese mismo medio dando sus primeras declaraciones. Hubo ataques contra radios y canales, tanto en la capital como en las provincias. El más doloroso fue el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas por publicar el perfil de un mafioso beneficiado por el peronismo.

Menem empleó el concepto "libertad con palo" para "pegar" a los periodistas porque "abusan de la libertad de prensa". Dijo luego que solo era una "anécdota", pero Amnistía Internacional contó decenas de abusos contra los medios de comunicación.

Entre la batería de proyectos legales que Menem intentó aprobar para controlar el trabajo de la prensa, estuvo la idea de una norma sobre la verdad, en la cual los gobiernos podrían definir qué es verdad y qué es mentira. Fracasó esa iniciativa, pero sí logró interpretar la Constitución para reelegirse.

Los cocaleros no solo no dejan trabajar a periodistas no masistas en el Chapare, también proponen normas contra ese oficio y las redes sociales. �ltimamente, su dirigente, Evo Morales, propuso otra vez una ley contra la mentira. El mayor Juan Ramón Quintana en 2010 propuso una ley contra la difamación, anuncio reiterado el 2016 y 2017.

Los permanentes ataques al fortín de la libertad de expresión, desde los grupos de poder fáctico y desde el Estado, amenazan con derrotar la resistencia, muchas veces solitaria, de los periodistas y de sus organizaciones.