Sobre verdades y mentiras

La idea presidenciable para proponer al Legislativo la elaboración de una "ley contra la mentira", parece resultado de algún consejero molesto con muchas verdades que por supuesto desagradan a quienes dicen muchas cosas y no las cumplen o que practican el sistema de adelantar conceptos, sin tener las seguridades que hagan factibles sus buenas o malas intenciones.

La ley de la mentira como se la proyecta, no es un elemento que asuste, de manera especial al sector de los periodistas, aunque claramente se observa que la intencionalidad no es otra que restringir mucho más los derechos constitucionales de la ciudadanía y hacerlo limitando las libertades básicas de la democracia y la justicia que son el derecho a pensar y expresar ideas, en su caso acudiendo a la prensa y los medios, que son los instrumentos idóneos para el ejercicio de la libertad de prensa.

La amenaza de imponer una ley de la mentira, que en un concepto más práctico tendría que ser, si se la aprueba, una "ley contra la mentira", para frenar todos los exabruptos que con marcada facilidad se originan en los pasillos de la politiquería y en los ambientes en que se desconocen principios de respeto a las libertades ciudadanas. Alguien dijo que su aplicación puede convertirse en un boomerang, ese peligroso juguete que se lo arroja, pero da vuelta y retorna con mayor impulso.

Muchas ofertas son lanzadas en frecuentes reuniones de los movimientos sociales y sólo algunas se cumplen, otras siguen siendo parte de la frustración de hombres y mujeres que esperan salir de condiciones de extrema pobreza y se dan cuenta que las mentiras persisten y las realidades también. Señalar esos hechos y otros de diversa índole no son mentiras, al contrario son dolorosas verdades que asimila una buena parte de nuestra colectividad, esa que sigue creyendo en palabras y más palabras.

Frente a estas circunstancias que son parte de la cotidianidad, es natural que los ciudadanos en todos los estratos sociales exijan a sus gobernantes cumplimiento de promesas, además de transparencia en el manejo de los recursos públicos que quiérase o no, son del pueblo y deben servir para mejorar las condiciones de vida de una sociedad que todavía se debate entre mentiras y verdades.

Analistas remarcan que la actual Constitución, establece en el artículo 8, el ama llulla, un principio moral muy claro, no mentir, por lo mismo recordar que la mentira es un delito, fácilmente tipificado como elemento de corrupción contra el que debe lucharse abiertamente, de manera generalizada.

Quienes están en la práctica periodística, conocedores de verdades y mentiras, saben discernir claramente lo que corresponde transmitir a la colectividad, sin temores y al amparo de las leyes, con el respaldo de los códigos de ética y con la certeza de realizar un trabajo digno que esté encuadrado en la práctica de las libertades de expresión y de prensa, atributos de la democracia y la justicia.

Fuente: LA PATRIA