La idea presidenciable para proponer al Legislativo la elaboración de una "ley contra la mentira", parece resultado de algún consejero molesto con muchas verdades que por supuesto desagradan a quienes dicen muchas cosas y no las cumplen o que practican el sistema de adelantar conceptos, sin tener las seguridades que hagan factibles sus buenas o malas intenciones.
La ley de la mentira como se la proyecta, no es un elemento que asuste, de manera especial al sector de los periodistas, aunque claramente se observa que la intencionalidad no es otra que restringir mucho más los derechos constitucionales de la ciudadanÃa y hacerlo limitando las libertades básicas de la democracia y la justicia que son el derecho a pensar y expresar ideas, en su caso acudiendo a la prensa y los medios, que son los instrumentos idóneos para el ejercicio de la libertad de prensa.
Está claro que verdad y mentira son partes de una misma moneda, anverso y reverso con sus figuras ni siquiera permanentes, pues se las cambia con variadas motivaciones que muestran un sentido contradictorio de afinidad con los criterios que exponga el dueño del motivo valorado, cara o seca y cómo cae en el piso o en la palma de una mano.
La amenaza de imponer una ley de la mentira, que en un concepto más práctico tendrÃa que ser, si se la aprueba, una "ley contra la mentira", para frenar todos los exabruptos que con marcada facilidad se originan en los pasillos de la politiquerÃa y en los ambientes en que se desconocen principios de respeto a las libertades ciudadanas. Alguien dijo que su aplicación puede convertirse en un boomerang, ese peligroso juguete que se lo arroja, pero da vuelta y retorna con mayor impulso.
Analistas remarcan que la actual Constitución, establece en el artÃculo 8, el ama llulla, un principio moral muy claro, no mentir, por lo mismo recordar que la mentira es un delito, fácilmente tipificado como elemento de corrupción contra el que debe lucharse abiertamente, de manera generalizada.
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